Guerra de baja intensidad en la selva peruana

Por derecho, posesión, tradición y tiempo la selva peruana es de los pueblos amazónicos. Corporaciones transnacionales y gobierno aprista habrían decido eliminar comunidades nativas.

Por Arturo Muñoz.

Guerra contra los pueblos amazónicos para apropiarse de recursos naturales

La historia de la lucha de clases enseña que sólo hay dos caminos de solución a los conflictos, la paz o la guerra. El pacifista León Tolstoi describió ambas formas de solución como contradictorias y que finalmente no hay formatos intermedios. Gandhi expresó una verdad irrefutable: la Paz es el camino, no hay caminos hacia la Paz. Las guerras, sin embargo, son consustanciales a la lucha de clases; por lo tanto las guerras se producirán mientras no se eliminen las clases sociales y la humanidad pase de la sujeción a la necesidad al reino de la libertad.

Son comunes en estos tiempos las frases de sí quieres la paz prepárate para la guerra, la guerra es la continuación de la política. Al igual que la lectura obligada de los libros sobre el arte de la guerra, cuyos principios son aplicados en el comercio y en casi toda estructura de relación social.

Un amplio número de teóricos diseñaron de acuerdo a diferentes escenarios modos de hacer la guerra. El que se está ejecutando en la selva peruana es la guerra de baja intensidad, diseñado por el ejército de Estados Unidos. Para los actores de la guerra es importante conocer el modo de guerra que emplea el enemigo y cuales son las respuestas para no ser derrotado.

En este caso quienes han evaluado con más detalle las circunstancias y a su oponente son las corporaciones transnacionales que usualmente financian las guerras, éstas habrían tomado la decisión de exterminar a los pueblos amazónicos y reducirlos al final a Bantustanes, en una política de apartheid al estilo de Sudáfrica. Es decir, crear espacios pequeños de territorio, un poco más grandes que las reservas indígenas en la conquista del oeste norteamericano, en los cuales subsistirían los pocos nativos sobrevivientes a la guerra de baja intensidad.

En varias oportunidades el presidente García repite cifras sobre la cantidad de indígenas y la distribución de las tierras de la selva: para los 400 mil nativos ó 600 mil – lo cual indica que no sabe a ciencia cierta cuantos son los habitantes de las 1.350 comunidades nativas el señor presidente – están destinadas 12 millones de hectáreas, luego en una declaración dice 10 millones en otra 15 millones de hectáreas para los santuarios ecológicos y entre 40 millones o 50 millones de hectáreas para la explotación de recursos naturales de los 65 millones de hectáreas que ocupa la selva peruana. Distribución del territorio amazónico a todas luces inventada por el presidente García. Porque uno de los puntos del intento de diálogo del presidente de AIDESEP Alberto Pizango Chota, con el primer ministro Yehude Simon Munaro, el fundamental de los 4 que presento el presidente indígena Pizango como puntos de agenda es el de territorios y territorialidad, al no haber ningún plano que haya identificado por parte del Estado los territorios de cada una de las 61 etnias amazónicas peruanas. En consecuencia no se puede saber si una concesión invade o no el territorio de alguna etnia, y aún más como puede decir el presidente García que sólo 12 millones de hectáreas les pertenece a los nativos ¿De dónde ha sacado esa cifra el señor presidente?

Alan García, el presidente del Perú, se presta a ser operador de la política de guerra de baja intensidad o guerra sucia por la que en un futuro sería juzgado inútilmente para un efecto práctico, como lo ha sido el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, pues la sentencia a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad no atemoriza al actual presidente García y no lo compele a actuar de acuerdo a las leyes, al conocer que el poder económico y político controlan el Poder Judicial con una gran cantidad de jueces, fiscales y administrativos vinculados al aprismo.

Quien sea presidente del Perú deberá sujetarse a los designios de las corporaciones transnacionales, y al parecer por lo sucedido García reúne el perfil que necesitan estas empresas de una persona que esta más allá del bien y del mal. Sólo una persona que asuma la presidencia que lo haga para cambiar sustancialmente el sistema capitalista puede escapar al control de los capitalistas.

Opiniones de que el operativo policial de despeje de la carretera la marginal de la selva, nombrada hace pocos años como Fernando Belaunde Terry, a la altura de la curva del diablo, fue un error, estuvo mal diseñado o similares apoyan la guerra sucia contra los indígenas; porque el operativo se ubica dentro de una estrategia de guerra, es parte de un plan estratégico para enfrentar la oposición de las comunidades nativas a la política de privatizar vía concesión la selva a favor de las corporaciones transnacionales.

Cipriani, arzobispo, la más alta autoridad de la Iglesia Católica en Perú, es coherente nuevamente en su declaración de que nada justifica la violencia contra los policías, contra las fuerzas del orden, para él la responsabilidad de los acontecimientos del 5 de junio es de los nativos y pobladores de Bagua Chico y Grande. Da su bendición a la guerra sucia como lo hizo cuando era obispo de Ayacucho y calificó a los derechos humanos como una estupidez. Los signos que caracterizan la guerra sucia comienzan a aparecer espontáneamente. La guerra sucia necesita justificaciones religiosas también.

Es probable que los policías estuviesen poco motivados para disparar contra los huelguistas, o quizá ni siquiera deseaban ir tal como muchas de sus esposas en las radios declararon. Con la muerte de sus compañeros es posible que reaccionen con más fiereza en el combate, como en los tiempos de guerra contra el terrorismo, en que según la Comisión de la Verdad la muerte de inocentes en manos de las fuerzas del orden suman miles. Un principio del fascismo es que el militar o policía actúen sin prejuicios morales o éticos, envenenados por el odio hacia el enemigo, en esta oportunidad hacia los indígenas aunque ellos mismos lo son; y la guerra sucia es usada por gobiernos dictatoriales, profascistas o abiertamente fascistas, que pierden la legitimidad de las leyes capitalistas constitucionales.

Al no existir justificación racional, humana, al genocidio los fascistas generan hechos que justifiquen luego sus excesos. Hitler llegó al poder quemando el mismo el Reichstag, el local del parlamento alemán, con ese incendio que se lo achacó al Partido Comunista alemán logró que el canciller Hindenburg los persiguiese y los eliminara físicamente o los encarcelara. Aquí cabe la duda de ¿Quién realmente mató a los policías y se ensaño con sus cadáveres y con que objetivos?

Así pronuncian acusaciones o comentarios pueriles sobre el salvajismo con que fueron asesinados los policías, como si la policía mató humanamente a los nativos desarmados a balazos. El asesinato es inhumano se haga como se haga. Por ello las leyes de Punto Final y de Obediencia debida en la Argentina que sirvieron para salvar a los genocidas de la dictadura militar entre 1976 y 1982, tuvieron que ser derogadas por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Los policías están en la obligación de evaluar la orden que se les da, si es ética y moralmente correcta, si va de acuerdo a su conciencia como ser humano; si las órdenes son contrarias a los principios éticos y morales y a la conciencia del propio policía deben ser desobecidas. Ese es un principio jurídico mundialmente aceptado el de objeción de conciencia. Si se comprueba que embolsaron los cadáveres o los incineraron (como hizo el comandante Kerosene del Grupo Colina) de los nativos muertos deberán ser juzgados por delitos de lesa humanidad. También es preciso señalar que el decreto legislativo que permite el uso de armas por parte de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes es ilegítimo y anticonstitucional, y en un juzgado no podrá ser utilizado como argumento de defensa contra la acusación de genocidio u homicidio calificado.

Huelga Amazónica, tierra de los amazónicos

¿En qué momento las nacionalidades de la selva entregaron sus tierras en propiedad al Estado? ¿Cuándo el Estado distribuyó las tierras de la selva entre las diferentes etnias originarias? ¿Cuál es la ley que permite a un gobierno, cuyo periodo sólo es de 5 años, cambiar el estado jurídico de las tierras de la selva según los intereses de las empresas que desean explotar los recursos naturales en ellas encontradas? ¿Cuándo se realizaron las reuniones entre las etnias amazónicas y el Estado para delimitar los territorios de cada una? ¿Dónde están los planos de la selva peruana que establezcan los espacios de cada etnia aprobados por una ley? Estos son los temas jurídicos que el derecho internacional y la Constitución de 1993 resolvieron a favor de los pueblos de la selva peruana.

El Convenio 169 de la OIT en su Parte II Tierras establece en el Artículo 13:

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Si no hay un dispositivo legal que establezca los limites territoriales de cada etnia y mucho menos se han iniciado las discusiones sobre este punto, que fue lo primero que planteó el presidente de AIDESEP Pizango en la única reunión con el primer ministro Simon ¿En base a qué se dieron los decretos legislativos 1064 y 1090? Sólo se explica este delito del Estado por los intereses de las corporaciones transnacionales en apropiarse de las tierras indígenas para explotar los recursos naturales donde estén, sea territorio de una comunidad nativa o no. El Estado capitalista está violando el artículo 13 del Convenio de la OIT pues ya hay denuncias que algunas concesiones se sobreponen a tierras reclamadas como suyas por comunidades nativas. Pues el concepto de tierras abarca como dice el Convenio la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Los 12 millones de hectáreas que inventa García como propiedad de los pueblos amazónicos son muchísimo más si se aplica correctamente el artículo 13 del Convenio de la OIT.

Refuerzan este concepto los siguientes artículos del Convenio 169 de la OIT:

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Este artículo firmado por el Estado peruano el 27 de junio de 1989 junto con todos los del Convenio evidentemente, niega las aspiraciones de las corporaciones transnacionales de explotar los recursos naturales de la selva peruana en los territorios de los pueblos amazónicos. ESTA ES LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL ABRUPTAMENTE DIERON LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1064 Y 1090, PRESIONADOS POR LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES, QUE EN PALABRAS DE LOS COMPROMETIDOS EN LOS PETROAUDIOS HABRÍAN ACEITADO BIEN A LOS AUTORES DE LOS DECRETOS, ACEITE QUE NO QUERRÍAN O YA NO PUEDEN DEVOLVER.

Para que no quepa duda sobre los derechos de los indígenas el Convenio 169 de la OIT remacha con el

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO HA TERMINADO EL ESTUDIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1064 Y CONCLUYE QUE AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS INDÍGENAS SOBRE SUS TIERRAS. ADEMÁS SEÑALA QUE LOS DECRETOS SON INCONSTITUCIONALES PORQUE NO HUBO LA CONSULTA QUE OBLIGA EL CONVENIO 169 DE LA OIT. A PESAR DE TODO ELLO LA ALIANZA APRA – FUJIMORISMO – UNIDAD NACIONAL SE NEGARON A DEROGAR LOS INCONSTITUCIONALES DECRETOS.

¿Quién es el responsable del genocidio?

Reinhard Heydrich ocupó el cargo Vice Reichsprotektor de Bohemia-Moravia en 1941, desató una gran represión contra el pueblo checoeslovaco y envió a miles de judíos a los campos de concentración; a las pocas semanas de su estadía fue conocido como El Carnicero de Praga. En 1942 fue liquidado por dos jóvenes uno checo y el otro eslovaco. Heydrich era el autor mediato de delito de genocidio. ¿Quién dio la orden para desalojar a los nativos que trancaban la carretera Fernando Belaunde Terry en la curva del diablo usando armas de fuego, fusiles AKM entre otros? ¿Quién es el autor mediato del genocidio de la curva del diablo? ¿QUIÉN ES EL CARNICERO DE BAGUA? ¿Será el mismo Carnicero de los Penales de 1986? Tarea para los defensores de los derechos humanos.

¿Es posible que caiga García?

Keiko Fujimori condenó al gobierno aprista responsabilizándolo de los hechos sangrientos de Bagua. Su postura es altamente dudosa pues su padre hizo lo mismo jurídicamente y por ello ha sido sentenciado. En un país capitalista la política es un negocio rentable. Se convierte en un toma que te doy. ¿Qué estará negociando Keiko para declinar su postura opositora? También las declaraciones del ex presidente Toledo, constructor del segundo piso del Fujimorismo, no pueden aceptarse como palabras sinceras. Aunque hay que diferenciarse de una opinión que muestra algo de senilidad de la ministra del interior Mercedes Cabanillas, cuando lo acusó de presidente irresponsable y embriagado en la conferencia de prensa que dio el gabinete, bien dicen que con los años uno vuelve a ser como un niño.

Las fuerzas armadas que no aportaron ninguna prueba para probar los cargos contra Fujimori, deberían tener algún sentimiento de culpa o más bien de complicidad. Permitieron que Miguel Iglesias, firmante del Tratado de Ancón, llamado por el Mariscal Cáceres el teniente chileno sea declarado héroe de la Guerra del Pacífico. Estas fuerzas armadas nunca evitarían que la selva peruana sea explotada por las corporaciones transnacionales, despojando al Perú de una gran riqueza sin que paguen por ella.

El presidente García sabe que sólo la calle lo puede sacar.

El caso es parecido al de Gonzalo Sánchez de Losada, tres de cuyos ministros acusados de ser responsables del asesinato de cientos de bolivianos están exiliados en el Perú. Es parecido pero no igual. El pueblo peruano no es el pueblo boliviano, ni la situación del Perú es la misma que la de Bolivia. Pero el pueblo peruano en horas se ha manifestado multitudinariamente el sábado 6 de junio en contra del APRA, a quien culpan de la carnicería inhumana de Bagua, y pedían la cabeza del carnicero.

En los medios de comunicación la noticia de Bagua aparece como un hecho represivo necesario y a lo mucho como algo por investigar, contando con material en demasía en la Internet, desde fotos, testimonios hasta videos. La táctica gubernamental aprista es que los policías son las víctimas de un complot internacional y los indígenas los ejecutores crueles de ese plan macabro contra la democracia. Los muertos de las comunidades nativas serían sólo 3 oficialmente, contrariamente la Defensoría del Pueblo confirma la muerte de 9 civiles. Es evidente que esta táctica pretende negar el genocidio cometido en Bagua, para no ser juzgados por el delito de lesa humanidad. Incluso imputan a los nativos la calidad de terroristas. El gobierno ha pagado un spot televisivo para darle vuelta a la historia real de lo acontecido el 5 de junio, una versión oficial nada creíble.

El rol de los pueblos suramericanos y de UNASUR

En muchos países del mundo cientos de manifestantes han hecho plantones ante las embajadas y consulados peruanos. Oficinas de las Naciones Unidas piden explicaciones al gobierno aprista sobre una huelga que dura 60 días y sobre lo acontecido en Bagua.

La guerra de baja intensidad aplicada contra los pueblos amazónicos obliga a la mediación de los pueblos y gobiernos Suramericanos. Y los hechos deben ser investigados por una comisión internacional imparcial. La Amazonía peruana y el destino de los pueblos amazónicos dependen de la autoridad que UNASUR consiguió en la mediación en el conflicto boliviano entre el gobierno y los departamentos. UNASUR es la única institución capaz de dar garantía a una salida dialogada entre el gobierno aprista aislado políticamente y los pueblos amazónicos. Ninguna institución local tiene la fuerza para convocar a ambas partes y ofrecer imparcialidad.

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