La Amazonía se muere

A manos privadas pasarían 67 millones de hectáreas. El gobierno brasileño está legalizando la deforestación y empresas occidentales se están beneficiando de ello. La Nación, 10 de junio 2009.

El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, escribiendo en marzo para The Guardian, nos brindó las siguientes esperanzadoras palabras: "Ningún país tiene un interés mayor en reducir el impacto del calentamiento global que Brasil. Es por esto de que estamos en la primera fila de las iniciativas para encontrar soluciones que preserven nuestro futuro común". Excelentes palabras de Lula. Pero todavía estamos esperando acciones reales.

Durante los últimos diez años, Greenpeace ha trabajado en la Amazonía junto a comunidades para proteger las selvas. La semana pasada, Greenpeace difundió un informe que fue el resultado de tres años de investigaciones sobre el rol de la industria ganadera en la deforestación ilegal de la Amazonía brasileña.

El informe, Masacrando a la Amazonía, revela los devastadores impactos que la ganadería está teniendo en el clima, la biodiversidad y las comunidades locales. La ganadería es la mayor causa de deforestación, no sólo en la Amazonía sino a nivel mundial. El informe revela que el gobierno brasileño es un socio silencioso en estos crímenes al brindar créditos y poseer acciones en los tres más grandes protagonistas (Bertin, JBS y Marfrig) que impulsan la expansión en la selva amazónica. Greenpeace se encuentra ahora a punto de iniciar negociaciones con muchas de las compañías que han visto contaminada su cadena de abastecimientos con cueros o carne de la Amazonía, o que están comprándoles a compañías implicadas en la deforestación amazónica: grandes marcas internacionales como Adidas, Clarks, Nike, Timberland y la mayoría de los principales supermercados británicos.

Acciones legales

Por su parte, allá en Brasil, el fiscal federal del estado de Pará anunció acciones legales contra las granjas y los mataderos que han actuado fuera de la ley.

Para ello ha enviado cartas de advertencia a compañías brasileñas que compran y se benefician de la destrucción, Bertin y JBS están en la línea de fuego; son compañías de propiedad parcial del gobierno brasileño.

Si bien éste es un paso positivo, está claro que no se podrán lograr cambios reales y poner fin a la destrucción de la Amazonía para el ganado sin acciones concretas del gobierno y de las grandes corporaciones de Europa y Estados Unidos que están abasteciendo a los mercados. Otro ejemplo preocupante del creciente cisma entre retórica y realidad es una nueva ley que acaba de aprobar el Senado brasileño. Si Lula le da su consentimiento, legalizará reclamaciones sobre a lo menos 67 millones de hectáreas de tierra amazónica (un área del tamaño de Noruega y Alemania juntas) que actualmente son poseídas ilegalmente.

Un segundo proyecto de ley presentado en el Congreso brasileño, propone más que duplicar el porcentaje de selva amazónica que puede ser despejada legalmente dentro de una propiedad. Si se aprueban, el efecto de ambas leyes será legalizar una mayor deforestación de la selva amazónica.

La decisión de Lula de financiar la industria ganadera con dinero público no tiene sentido cuando su expansión amenaza a las metas mismas de reducción de la deforestación que Lula promueve. Las leyes que están esperando ser aprobadas representarán un libre curso para los taladores ilegales y los ganaderos. Está claro que Brasil enfrenta ahora una opción en torno de qué clase de líder mundial quiere ser: parte del problema o parte de la solución.

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