Quito, 31 oct (PL) Las revelaciones de un informe oficial sobre la penetración de la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Ecuador acaparan hoy la atención nacional.
Los resultados de esta investigación, realizada por un grupo cívico-militar, mostraron la desconexión entre el nivel político estratégico y los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, denunció la víspera el ministro de Defensa Javier Ponce.
Existen excesivos niveles de discrecionalidad de los organismos de inteligencia, lo cual se evidenció en el manejo de la información relacionada con el bombardeo colombiano a una zona norte ecuatoriana del 1 de marzo último, subrayó.
El titular subrayó que militares nacionales vendieron información a agentes estadounidenses sobre la frontera norte, la cual pudo ser utilizada en el Plan Colombia o por el servicio de espionaje de este último país, aseveró.
Puntualizó que la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía es prácticamente financiada y controlada por la embajada norteamericana en esta capital.
La UIES recibe recursos en el marco de un acuerdo verbal para todo tipo de suministros y sus miembros son seleccionados en buena parte por un equipo técnico de la propia embajada norteamericana, enfatizó.
Se trata –dijo- de una agencia creada a la medida e intereses de los organismos de inteligencias estadounidenses, agregó.
Ponce señaló que la UIES y la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) se presentan como los servicios más influenciados y penetrados, lo cual motivó que la Comisión recomendara la eliminación del primero y la reestructuración profunda del segundo.
Uno de los casos de penetración más evidentes fue el de la llamada red SWAT, lo que motivó la expulsión del país en el 2007 de la posible cabeza de esta organización, Leila Hadad Pérez, quien contaba con protección al más alto nivel y mantenía contacto con altos mandos castrenses, enfatizó.
Al referirse al bombardeo colombiano a la zona fronteriza de Angostura, el titular señaló que la CIA estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo ese día.
Destacó que una fuente de la embajada estadounidense en Ecuador llamó horas antes de ese ataque a un oficial nacional y le informó de manera concreta sobre esa acción militar.
En este caso se confirma la discrecionalidad del servicio inteligencia militar, el ocultamiento de información y la desaparición de evidencias para confundir al poder político, aseguró.
Ponce indicó asimismo la presunta colaboración entre Estados Unidos y Colombia en esa operación, pues los aviones de Bogotá no cuentan con la tecnología para lanzar las bombas utilizadas en esa incursión.
La Comisión encomendó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, realizar una reestructuración profunda de los organismos castrense de inteligencia, evaluar los convenios de cooperación y suspender y prohibir toda colaboración financiera internacional sin el aval del poder político.
Finalmente, se pide que la Fiscalía General inicie una indagación para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales en base a la información presentada en el informe.
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