Los contratistas militares: una amenaza de seguridad

GERARDO REYES
El Nuevo Herald

Un avión monomotor Cessna 206 que tenía instalados en su barriga sofisticados equipos de fotografía para detectar actividades de narcotráfico y subversión se fue a pique el jueves 13 de febrero del 2003 en un área selvática al sur de Colombia.

Al percatarse del avión enemigo, varios guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que llegaron al sitio, encañonaron a los cinco sobrevivientes. A dos de ellos que intentaron fugarse, el piloto norteamericano Tomas Janis y un funcionario de inteligencia de Colombia, los mataron.

Los tres restantes, el analista Marc Gonsalves, el ingeniero de vuelo Keith Stansell y el copiloto Thomas Howes, se rindieron a sus captores.

Temiendo que los norteamericanos llevaran en sus uniformes dispositivos de localización satelital, los guerrilleros les exigieron que se desnudaran por completo y se pusieran unas botas de plástico que resultaron tres tallas más pequeñas que sus pies.

Después de varias horas de caminata, ante la negativa de los secuestrados de continuar por el terrible dolor en los pies, los guerrilleros les ordenaron que cortaran la punta de la botas.

Las imágenes de tres gringos caminando desnudos por la selva con botas pantaneras desagarradas seguramente se verán muy pronto en un cine cercano.

Serán los héroes de la película junto a Meryl Streep, quien probablemente hará el papel de Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial del Partido Verde de Colombia, que sigue celebrando su libertad en Europa tras ser rescatada el pasado julio por el ejército de Colombia junto con los norteamericanos y un grupo de soldados y policías.

A lo mejor la película no entrará en detalles sobre qué hacían en Colombia estos norteamericanos y para quién trabajaban porque el género es de suspenso y no de conspiración. Sin embargo, en la vida no cinematográfica, la caída del avión, así como de otro que llegó al rescate, permitió a los colombianos asomarse a una realidad poco conocida.

Los tres norteamericanos eran empleados de dos filiales de Northrop Grumman, una enorme firma contratista de defensa cuyas operaciones se extienden por Estados Unidos y Europa.

Northrop Grumman es sólo una de una varias multinacionales favorecidas por el gobierno de Estados Unidos con secretos contratos multimillonarios para hacer espionaje, trabajos de inteligencia, misiones de riesgo, interrogatorios y muchas otras actividades que anteriormente eran responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

Estas empresas son el símbolo de la privatización de la seguridad nacional, una industria incontrolable y para muchos temible por la falta de transparencia y la casi nula capacidad de escrutinio que puede ejercer sobre sus acciones la sociedad y el Estado.

"Para el Pentágono, la privatización de los programas de entrenamiento militar es una situación que no tiene pierde [. . .] permite a Washington proteger al personal militar mientras que, simultáneamente, retiene la capacidad de influir y dirigir grandes misiones'', dijo Ken Silverstein en su libro Private Warriors. "Los generales retirados tienen más posibilidades de evadir preguntas del Congreso o de la prensa''.

Desde la perspectiva de los defensores de la privatización de estos servicios, accidentes como el de Colombia son la tormenta perfecta: demuestran claramente la utilidad de delegar para evitar situaciones de peligro o humillación de las fuerzas regulares de Estados Unidos.

Comisionar el riesgo de una acción o el descrédito de un fracaso parece ser un paradigma de la privatización del espionaje. Pero, para algunos, es un paradigma que se paga a un precio muy alto con los impuestos de contribuyentes que continúan bajo la idea de que la inteligencia del país y su defensa todavía están en manos de funcionarios públicos que pueden ser condecorados con medallas o despedidos por ineptos.

La industria privada de la inteligencia y el espionaje en Estados Unido maneja $50,000 millones anuales. Está controlada por unas 100 empresas de todos los tamaños que tienen bajo su responsabilidad desde la elaboración de los informes más secretos del gobierno, incluyendo el reporte diario de inteligencia que recibe el presidente de Estados Unidos, hasta el manejo del 50 por ciento de la fuerza laboral del Servicio Nacional Clandestino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargado de realizar operaciones encubiertas y captar espías en el exterior.

Por delegación, estas empresas controlan actividades como la recaudación de inteligencia, el interrogatorio de prisioneros enemigos, el patrullaje de embajadas, la logística de vuelos secretos para recoger sospechosos de terrorismo y el manejo exclusivo de programas de computador para manipular y visualizar información secreta. Son incluso contratadas para mejorar los canales de comunicación entre las agencias del gobierno.

Quizás el estudio más completo que se ha hecho recientemente sobre cómo operan estas empresas es el libro Spies for Hire (Espías por contrato), de Tim Shorrock, publicado este año.

El autor señala que el 70 por ciento del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos se gasta en contratos privados. Los contratos, agrega Shorrock, no son sometidos a mayor vigilancia por cuanto las corporaciones que los ejecutan han sido eximidas por el gobierno de ofrecer detalles de sus operaciones en los informes de actividades que presentan ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

En el 2007, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, afirma Shorrock, se negó a revelar un reporte interno sobre estos contratos por temor a causar daño a los intereses de la seguridad nacional.

Al ingresar al reino privado de Wall Street y someterse a los vaivenes de la oferta y la demanda, la ejecución de los contratos de inteligencia se ve expuesta a otro riesgo aún no evaluado: el de quedar bajo el control de empresas en las que aparecen como accionistas gobiernos extranjeros que podrían beneficiarse con información privilegiada.

Tómese el ejemplo de Booz Allen Hamilton, una de las grandes ligas de la consultoría de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

La empresa completó el jueves pasado la venta de su departamento de contratación con el gobierno a la firma de inversión Carlyle Group por $2,540 millones.

Con esta venta, The Carlyle Group queda al mando de la supersecreta operación que le permite al Pentágono saber, en tiempo real, en qué lugar del mundo tiene estacionado hasta el más pequeño de sus jeeps, sus flotas de aviones o cualquier de sus tropas (Blue Force Tracking System).

Lo que pocos saben es que el gobierno de Abu Dhabi, uno de los emiratos árabes, invirtió $1,350 millones en efectivo en Carlyle a través de la empresa Mubadala Development Fund en septiembre del 2007.

Al mismo tiempo, Carlyle tiene inversiones en otros negocios como barcos cisternas en Turquía (TVK Shipyard), la cadena Dunkin Donuts, bienes raíces en España (firma Alcalá), y hasta la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación de Chile.

Aunque se precian de un gran patriotismo, al momento de vender servicios y equipos, algunas de las empresas no consideran lealtades políticas.

Raytheon, otra de las grandes de la bonanza de la privatización del espionaje que mantiene su puesto como una de las cinco principales empresas proveedoras del Pentágono, ha vendido simultáneamente radares al gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, enemigo número uno de Washington en la región.

De acuerdo con archivos consultados por El Nuevo Herald, en julio del 2005 Raytheon recibió un contrato de $4.6 millones del gobierno de Venezuela para instalar un radar de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Paradójicamente, al momento de la negociación, el representante de la empresa en Venezuela no tenía visa para ingresar a Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero. El Departamento de Estado le revocó el visado a Majed Khalil, un empresario libanés venezolano del consorcio Hardwell Computer Inc., que ganó el contrato.

En una entrevista con El Nuevo Herald a mediados del 2004, Khalil expresó su extrañeza ante la decisión de Estados Unidos destacando la contradicción.

"¿Es esta tendencia de privatización un reconocimiento de que los servicios del gobierno son incompetentes?", preguntó El Nuevo Herald a un ex coronel del ejército de Estados Unidos con experiencia en operaciones de inteligencia en América Latina y quien pidió no ser identificado por cuanto mantiene una relación con servicios secretos.

"Bajo ninguna circunstan cia se puede decir eso, y no estoy de acuerdo en que se privatice la inteligencia porque esas empresas no tienen los mismos procedimientos de comprobación de la inteligencia estratégica que aplican los servicios tradicionales del gobierno'', explicó el ex oficial. "La privatización es algo que se hace más por el dinero, es un derroche de dinero''.

El ex oficial dijo que la reciente operación Jaque del ejército de Colombia, que culminó con la liberación de Betancourt, los tres contratistas, militares y policías, fue posible gracias al apoyo logístico de la CIA y el trabajo previo de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI0.

"Esa operación demuestra que sí se puede con los métodos y entidades tradicionales'', agregó.

Para el contralor de Estados Unidos, Davis Walker, el riesgo es que estas empresas sólo deben fidelidad a sus accionistas.

"Hay algo que tienen los funcionarios públicos y que el sector privado no lo tiene, y es el deber de lealtad al bien común, el deber de lealtad al interés colectivo más que al interés de unos pocos'', señaló Walker. "Las compañías son fieles a sus accionistas, no al país''.

Las descripciones que estos grandes conglomerados hacen en sus portales de Internet sobre su misión en el mundo, podrían pasar como la declaración de principios de un ejército regular: La firma CACI International Inc., cuyo lema es "siempre vigilante'', se autoproclama como "un patrimonio nacional, para la seguridad nacional'', y afirma que la guerra global contra el terrorismo es un conflicto "de gente, armas e ideas que ahora estamos combatiendo más allá de los que combatimos en la Segunda Guerra Mundial''.

Agrega que "las funciones de la inteligencia nacional de Estados Unidos deben de ser ágiles, efectivas y seguras. Deben producir información de pronóstico que sea correcta para quienes toman las decisiones''.

CACI International fue demandada en cortes de Estados Unidos por el Centro de Derechos Constitucionales que alega que algunos de los empleados de la empresa participaron en las torturas de los prisioneros de Abu Ghraib.

Según la demanda, dos de los interrogadores, Stephen Stefanowicz (conocido como Steve El Grande) y Daniel Johnson "eran considerados como los más agresivos''.

Ambos fueron responsables de dirigir al personal militar de Estados Unidos "para torturar a los prisioneros y abusar de ellos'', agrega la demanda radicado en diciembre en Washington.

La firma ha rechazado categóricamente la acusación argumentando que ninguno de sus empleados aparece en las imágenes de las torturas que le dieron la vuelta al mundo y quetomará acciones más drásticas si se demuestra alguna conducta ilegal de sus empleados.

Afirma Shorrock que el proceso de delegación de los servicios de inteligencia comenzó en la era del presidente Ronald Reagan, que estaba empeñado en privatizar hasta el Servicio Guardacostas, pero no lo logró por no tener mayoría en el Congreso; se intensificó visiblemente con Bill Clinton y se consolidó con el presidente George W. Bush.

Reagan lo hizo pensando en que el Estado debe emular el sentido de competitividad del sector privado; Clinton lo continuó con la idea de ahorrar costos y mejorar la eficiencia, a la vez que no estaba muy interesado en asuntos de espionaje. Al final de su gobierno, más de 100,000 puestos del Pentágono habían sido transferidos al sector privado. Y Bush lo amplió acosado por las críticas demoledoras a los organismos de inteligencia y su afán por responder a los golpes del terrorismo.

Casi todos estos conglomerados están manejados por ex funcionarios de los servicios de inteligencia que vienen y van al sector público a través de una puerta giratoria que no pasaría un examen de conflicto de intereses.

Una pesquisa de la Oficina de Investigaciones del Congreso (GAO) halló que 2,435 ex altos funcionarios del Pentágono han sido contratados por 52 empresas privadas de defensa. Un 16 por ciento de estos ex empleados hacen trámites de las compañías privadas en asuntos relacionados con las oficinas donde solía trabajar.

Joan Dempsey, vicepresidenta desde el 2005 de Booz Allen and Hamilton, fue subdirectora de la CIA y anteriormente integrante de la junta de asesores de inteligencia en el exterior de Bush.

Garantiza también la continuidad y crecimiento de estos negocios que, si bien corren grandes riesgos, el grado de responsabilidad frente a las fallas de sus servicios es mucho menor que el de una unidad militar o de una oficina de la comunidad de inteligencia del gobierno.

Ningún empleado de la firma Blackwater International involucrado en la llamada masacre de la Plaza de Nisour en Irak ha sido condenado por autoridades de Estados Unidos.

Blackwater International es la firma emblemática de la bonanza de la contratación de ejércitos privados. En cuestión de siete años, pasó de ser un pequeño centro de entrenamiento de policías en Carolina del Norte a manejar el ejército privado más grande del mundo.

Su nombre ganó notoriedad a nivel mundial a raíz de la masacre conocida como el Domingo Sangriento de Bagdad, en la que patrulleros de la compañía, armados hasta los dientes, abrieron fuego y causaron la muerte a 17 personas en la Plaza de Nisour.

Los hechos, ocurridos el 16 de septiembre del 2007, fueron investigados por el FBI, que concluyó que no hubo razón justificada para disparar a las víctimas.

Cuatro días después de la tragedia, la compañía volvió a salir a las calles de la ciudad, sede de sus principales operaciones internacionales desde que en el verano del 2003 fue contratada para la seguridad del embajador de Estados Unidos en Irak, Paul Bremer.

De acuerdo con Jeremy Scahill, autor de un best seller sobre la empresa, "Blackwater reporta directamente a la Casa Blanca, no a los militares''.

A menos de 48 horas de que el Congreso de Estados Unidos iniciara un debate sobre la masacre, señala el autor, el entonces fiscal Alberto González anunció la apertura de una investigación criminal y le pidió al congresista promotor de la interpelación que no tomara testimonio sobre el caso porque esto podría tener afectos negativos sobre la pesquisa.

Con todo y estas limitaciones, el debate se realizó y el propietario de la empresa y presidente, Erick Prince, un ex miembro del grupo elite de operaciones especiales de la Armada, Navy Seals, respondió algunas de las preguntas con una actitud cínica e indolente, según algunos analistas de la prensa.

"¿Usted admite que el personal de Blackwater disparó y mató a civiles inocentes?", preguntó el congresista demócrata Danny Davis.

"No, señor. No estoy de acuerdo con eso. Creo que ha habido ocasiones cuando los chicos usan fuerza defensiva para protegerse, para proteger al grupo, tratando de apartarse del peligro. Podría haber disparos de rebote, hay accidentes de tránsito, sí. Es la guerra''.

Según el libro de Scahill, la historia del éxito de Blackwater es el producto de una confluencia fascinante de circunstancias en las que juega un papel dominante la identificación de su propietario con la profunda vocación teocrática de la administración de Bush y una bien engrasada maquinaria de influencias. Prince cree que el destino de la humanidad ya está trazado en un plan divino donde su misión es combatir y destruir el terrorismo global.

Esta identificación ideológica va acompañada de un torrente de millones de dólares de contribuciones para campañas políticas, cabildeo en Washington y aportes a movimientos religiosos de ultraderecha muy influyentes en el gobierno que presionan por una mayor injerencia del Estado en la vida espiritual de los ciudadanos.

Uno de los asesores de Prince dirige una asociación de pastores que promueven la lectura de la Biblia en las cárceles de Estados Unidos como un apostolado de contrapeso a una preocupante influencia del Islam entre los prisioneros.

Otro común denominador de estas firmas es que la competencia se cifra en el mayor número de empleados "certificados'' por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en asuntos de inteligencia. Este personal ha reemplazado cargos en la CIA y en el Centro Nacional Contra el Terrorismo.

De los 44,000 empleados de SAIC, (Science Aplications International Corporation) una de las firmas preferidas por el Departamento de Seguridad Nacional con $8,900 millones de ingresos anuales, más de la mitad son certificados.

De acuerdo con Shorrock la industria esta conformada por varias clases de empresas. En la cima están las "integradoras de sistemas'' que manejan megaproyectos de entidades del gobierno. Las compañías líderes en esta franja son SAIC y Booz Allen Hamilton, que trabajan intensamente como National Security Agency (NSA), National Geoespatial Intelligence Agency (NGA) y la CIA.

También se encuentran en este renglón de empresas de outsourcing de inteligencia: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Computer Sciences Corporation, General Dynamics Advance Information Systems y Bae Systems.

En otro nivel, agrega el autor, están las compañías que se especializan en servicios de tecnología de la información que son esenciales para agencias como la CIA y la NSA y con frecuencia trabajan como subcontratistas de los integradores de sistemas, de las cuales la mayor es CACI International.

Su principal competidor es ManTech International que ha desarrollado un programa que permite al FBI compartir información de inteligencia clasificada y no clasificada con otras agencias federales y autoridades locales.

La tercera franja esta compuesta por pequeñas compañías, la mayoría de las cuales operan alrededor de Washington, que se especializan en ofrecer programas para manejar el enorme y constante flujo de información de inteligencia.

En el cuarto nivel están las compañías, grandes y pequeñas, conocidas por sus avances en la tecnología de la información y la comunicación. Se citan: Google, Accenture, que ofrece planificación financiera y auditoría de las agencias.

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