Poder estatal, movimiento popular, y conflicto social-armado en Colombia un analisis desde la perrspectiva de los derchos humanos

Luis Alberto Matta
Rebelión

Agradezco al Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto - OISE-UT, especialmente al profesor Dieter Misgeld, por la amable invitación que me han extendido a participar en este foro Universitario. Si ustedes me lo permiten, expondré en tres partes mi conferencia, utilizando frases breves para facilitar su traducción y comprensión:

Primero, explicaré la ubicación geográfica de Colombia, destacando algunos rasgos sociales y económicos, intentando además, una caracterización socio-económica y política del momento actual, también del gobierno que encabeza el presidente Alvaro Uribe Vélez, y de su programa de "Seguridad Democrática". Enseguida, y como segunda parte, hablaré del histórico conflicto social armado interno, tratando de explicar muy brevemente su origen y esencia, refiriéndome también, a la composición y diversidad del movimiento popular de oposición al régimen, y de su lucha por la paz y los derechos humanos. Finalmente, haré una breve exposición sobre el contexto actual y regional de América Latina, más bien como invitación a analizar, los acontecimientos políticos en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, y la manera como estos podrían influenciar en la situación colombiana, especialmente en el desarrollo del plan de guerra estatal que auspician los EE.UU., conocido como Plan Colombia , y en la implementación de la pretendida Area de Libre Comercio de las Américas - ALCA.



En ese orden, inicio con la primera parte que he propuesto: Colombia es una nación pluri-étnica (en la que convive una población muy heterogénea, principalmente mestiza, negra, blanca, e indígena) (2). El tamaño del territorio colombiano es semejante al de Francia y España juntos, incluyendo también la extensión del País Vasco. Son 114 millones de hectáreas de tierra, en las que abundan los bosques húmedos y tropicales; fértiles llanuras; montañas y cordilleras andinas; al menos 300 ríos identificados, algunos de ellos considerados entre los más caudalosos del planeta; numerosos bosques y selvas tropicales, y una porción considerable de Amazonía. Abundan las fuentes de agua y oxígeno, de especies animales y vegetales, y en general una biodiversidad no plenamente estudiada.

Colombia es el más septentrional de los países del Sur de América. Limita por el noroeste con Panamá y el mar Caribe; al noreste con Venezuela; al suroeste con Ecuador y Perú, y al sureste con Brasil. Se puede afirmar, que Colombia está ubicada en uno de los territorios de mayor riqueza sobre el planeta, en donde existen enormes depósitos de minerales preciosos y grandes yacimientos de recursos naturales, principalmente carbón, gas y petróleo. Se le reconoce por sus grandes minas de oro y esmeraldas. Es productor de banano y caña de azúcar, y considerado uno de los principales productores mundiales de café. Según cada región, Colombia goza de climas muy variados y estables, en los que predominan zonas calientes y templadas, lo mismo climas fríos y también húmedos. Posee 1.600 kilómetros de costas en el Océano Atlántico y 1.300 kilómetros en las costas del Pacífico.

Colombia al ser una frontera hemisférica, dada su posición geoestratégica, y el enorme potencial de riquezas naturales, ha atraído la atención de los EE.UU. de norteamérica, y con ella su infausta protección... La riqueza de Colombia, en cambio de beneficios para su pueblo, ha sido sinónimo de dominación, expoliación y violencia.

De sus 43 millones de habitantes (insisto en que es una cifra aproximada), unos 24 millones, según datos oficiales, viven sumidos en la pobreza, soportando graves penurias; esto representa más de la mitad de la población. De esta mitad, según la Defensoría Nacional del Pueblo, al menos 9 millones de personas viven en la miseria total, y de acuerdo con funcionarios de esta entidad, estas gentes viven prácticamente en la indigencia. Esta información se puede ampliar, visitando los sitios web de muchos organismos de protección a los derechos humanos, en los que se reseñan además, otros problemas como el de la cuestión agraria y rural.

En relación con el mundo rural colombiano, se afirma que muy cerca del 80% de la tierra más fértil y mejor adecuada para el cultivo, está en poder del 1.5% de propietarios. En Colombia predomina una clase social terrateniente, de características semifeudales, estrechamente ligada al poder político y económico, y también al narcotráfico y la corrupción.

Según datos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en los últimos 13 años Colombia registra una cifra cercana a los 3 millones de desplazados internos, que no son otra cosa que desterrados, un fenómeno que suele atribuirse con simpleza al conflicto armado, no obstante que, diversos estudios sociológicos indican, que el desplazamiento forzado ha sido una estrategia calculada y dirigida por los latifundistas, y adelantada mediante el terror y la violencia. Esta estrategia ha contado casi siempre con la complicidad del Ejército y la Policía estatales. Generalmente, los crímenes cometidos contra el campesinado, son ejecutados por escuadrones de la muerte conocidos como paramilitares, y que hoy se identifican bajo la sigla AUC (3).

Las AUC como agrupación criminal, fueron fundadas a mediados de la pasada década de los noventa, en principio por terratenientes, pero también recabando financiación de sectores del empresariado, políticos corruptos y narcotraficantes. A las AUC le anteceden, primero las redes paramilitares creadas en los ochenta, entre las que se destaca el MAS (Muerte a Secuestradores), que estuvo ligado al cartel narcotraficante de Medellín, y segundo, las "Cooperativas de Seguridad Privada - CONVIVIR", ideadas por el presidente de entonces, Doctor, César Gaviria Trujillo (hoy líder de la OEA), e impulsadas principalmente por el entonces gobernador de Antioquia, Doctor, Alvaro Uribe Vélez, hoy presidente de Colombia.

Estos escuadrones han sido los principales responsables del desplazamiento forzado de población, principalmente de campesinado. Hasta inicios de la pasada década de los noventa, Colombia ostentaba una significativa economía campesina, dedicada a la agricultura tradicional y producción alimentaria; entonces, Colombia era casi autosuficiente en esta materia. En el presente, esta economía campesina, que generaba decenas de miles de empleos rurales y una gigantesca producción, está prácticamente destruida. Sin duda, en Colombia, esta es una situación social y económica, singularmente ligada a la presente fase neoliberal (4) del capitalismo.

En la actualidad, el gobierno colombiano realiza importaciones anuales, próximas a los 8 millones de toneladas de alimentos. Aunque el Establecimiento oculta deliberadamente las causas de esta situación, se sabe que son el resultado de las medidas económicas neoliberales, impuestas por la banca internacional, fielmente apoyadas por los últimos mandatarios, y hoy profundizadas por el presidente Uribe Vélez.

No por nada, el actual gobierno está integrado por varios ex funcionarios de organismos de la Banca Internacional, o abogados de las transnacionales, como su ministro de Justicia y Gobierno, señor Fernando Londoño Hoyos. Otros miembros del gabinete pertenecieron a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional - FMI, entre los que se destaca el ministro de Hacienda, Doctor, Roberto Junguito, funcionario que obedece ciegamente al mandato de quienes siguen siendo sus verdaderos jefes.

Por lo anterior, es que no suena extraño que actualmente se consuman en Colombia, alimentos que antes eran producidos en tierras locales y por campesinos colombianos. Hoy los hipermercados se surten de comida extranjera, mientras que nuestro campesinado, y también la generalidad de la población rural (casi 12 millones de personas), vive en la pobreza y el abandono estatal. Esta situación repercute gravemente en la economía nacional, en la vida de las grandes ciudades, y según estudios, en la calidad y estabilidad del medio ambiente.

Miles de campesinos, presionados por la pobreza y la violencia latifundista, y por la ausencia de políticas agrarias adecuadas, se han visto obligados a la colonización y adecuación de nuevas tierras, es decir, 'tumbar' monte en selvas y en montañas andinas, donde el clima y las condiciones les permiten cultivar hoja de coca y flor de amapola. Estas plantaciones aportan los ingredientes básicos para la producción de cocaína y heroína, respectivamente, sustancias que son comerciadas y consumidas principalmente, en los países del llamado primer mundo, especialmente en los EE.UU., donde existen millones de adictos.

Otros datos que señalan la gravedad de lo que acontece en Colombia, están relacionados con la tasa de desempleo (desocupados), considerada de las más altas de América Latina. Los pronósticos oficiales suelen informar de un 15% de desempleo, mientras algunos sindicatos y organizaciones sociales afirman, que en realidad el desempleo supera el 20%. Los sindicatos denuncian, que personas dedicadas a labores informales, a ventas callejeras y otras formas de subempleo, son contabilizadas por el Estado como personas con un trabajo estable, como si también gozaran de garantías sociales y pensionales. Esas posibilidades, y el acceso a beneficios de salud y educación, son altamente precarias para estas personas dedicadas a labores informales en Colombia. Estudios autorizados indican, que en estas actividades de trabajo inestable e inseguro, están involucradas cerca de 7 millones de personas en Colombia.

Lo anterior, unido a otros factores sociales, económicos y políticos, son definitivamente elementos de inconformidad y de protesta social. Gran cantidad de protestas suceden a diario a lo largo y ancho del país. A su vez, centenares de sindicalistas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, han sido asesinados en los últimos años por adelantar estas luchas democráticas, al punto que, se ha considerado como una persecución genocida contra los opositores políticos. Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT, más de la mitad de los crímenes cometidos contra sindicalistas en el mundo, suceden en Colombia... El año pasado fueron asesinados cerca de 150 sindicalistas en este país. Varios de estos crímenes fueron cometidos en presencia de los hijos y familias de las víctimas. Asimismo, varias decenas de líderes sociales y obreros fueron encarcelados y muchos otros fueron obligados al exilio.

La ya dramática situación de derechos humanos se agravó aún más, luego de que el gobierno que encabezaba el líder conservador, Andrés Pastrana, rompiera los diálogos de paz que celebraba con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - Ejército del Pueblo. En adelante aumentó la represión estatal, y también los crímenes contra líderes de la oposición y defensores de derechos humanos, mientras el paramilitarismo arreció su expansión, especialmente en áreas densamente militarizadas, inclusive, en áreas comunales de las grandes ciudades. Por su parte, la insurgencia igualmente ha incrementado notoriamente su actividad subversiva, combatiendo contra la Fuerza Pública y también contra los paramilitares, realizando además, numerosos atentados contra la infraestructura económica del Estado, asimismo contra instalaciones oficiales, en los que también han perdido la vida personas civiles. El horizonte que se presenta en Colombia, luego del rompimiento de los diálogos de paz, es muy dramático.

El actual gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Alvaro Uribe Vélez , líder ultraderechista del Partido Liberal, perteneciente a una poderosa familia de terratenientes, representa más claramente, que quienes le antecedieron, al más rancio poder tradicional en Colombia. El poder oligárquico colombiano, hunde sus raíces más de un siglo atrás, inclusive, según algunos historiadores, casi hasta la época en que sucedió la colonia española.

Uribe Vélez fue elegido presidente en un momento de gran confusión, dada la polarización de la guerra, posterior al rompimiento de los diálogos con la insurgencia. Esta situación fue manipulada por la oligarquía gobernante, que mediante una costosa campaña de medios vendió la falsa idea, de que el país alcanzaría la anhelada paz y tendrá democracia, si el Estado derrota militarmente a las guerrillas.

Según el presidente Uribe, a las guerrillas hay que obligarlas a negociar sin ceder a sus peticiones. Lo importante para el gobierno, según Uribe, es la desmovilización, desarme e inserción de los insurgentes en la sociedad. Inclusive, ha ofrecido empleos oficiales, recompensas y posibles prebendas, para los insurgentes que acaten su propuesta.

El presidente Uribe, suele mencionar como ejemplo de reinserción, al grupo exguerrillero M-19, como también, a la antigua fracción del EPL que negoció su desmovilización durante el periodo presidencial de César Gaviria, y que hoy está incorporada al actual gobierno, principalmente a través del señor Carlos Franco. Esta misma facción del EPL, convertida en el partido Esperanza Paz y Libertad, en la actualidad ostenta una importante hegemonía en la región bananera del Urabá, principal bastión del paramilitarismo, luego del criminal desalojo a que fue sometido el movimiento político Unión Patriótica (5). Numerosos críticos y opositores políticos, señalan la postura autoritaria de Uribe, en materia de paz, como prepotente y dictatorial, y le acusan, de preparar la guerra mientras finge un llamativo discurso de paz.

La votación con que resultó elegido Uribe Vélez y su programa de Seguridad Democrática, alcanzó menos del 30% del censo electoral, pero fue suficiente para alzarse con la presidencia, dada la fragmentación de los partidos políticos, y la elevada tasa de abstención de los votantes. En Colombia, casi todo proceso electoral de los últimos 60 años, ha sido sin distinción, objeto de fraudes y trampas. El proceso en que resultó elegido el señor Uribe, además de fraudulento, fue favorecido con una poderosa manipulación de medios informativos.

La izquierda legal y tradicional, por su parte, luego del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica, y la incorporación de varios directivos del movimiento 19 de Abril - M19 al poder estatal, se debilitó profundamente en el terreno electoral. La última propuesta política de la izquierda legal, conocida como Frente Social y Político, posteriormente ampliado a un Polo Democrático, al que se incorporaron sectores de centro izquierda, comunistas y socialdemócratas, y cerca de 20 parlamentarios de tendencia democrática, finalmente no recibió respaldo masivo de los electores. En las pasadas elecciones presidenciales el llamado Polo Democrático, obtuvo un total de 600 mil votos, en cabeza del ex sindicalista Lucho Garzón.

La izquierda legal ha oscilado siempre, entre un 3% y 4% del censo electoral, pero en realidad, la mayoría de sus expresiones organizativas no participan de los procesos electorales, por desconfianza en el sistema, y temor a ser identificados y asesinados. Buena parte de la oposición política al régimen, compuesta por sectores democráticos y también por quienes se ubican definidamente en la izquierda, se encuentra incorporada a la insurgencia, principalmente a las FARC-EP, y también al ELN. A estas fuerzas insurgentes, también se han incorporado algunos sectores de la sociedad, ubicados al centro, socialdemócratas, y también pertenecientes a iglesias, principalmente aquellos que desean actuar políticamente desde la clandestinidad, para evitar ser víctimas de la guerra sucia y la persecución.

Las FARC-EP, luego del exterminio de la Unión Patriótica, mediante el cual aspiraban a incorporarse a la lucha legal, han decidido impulsar un nuevo movimiento político amplio, pero esta vez clandestino, que según dicen, no participará por ahora en procesos electorales. El nombre de esta nueva agrupación política es: Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia - MB, y al parecer, crece y se expande silenciosamente, a lo largo y ancho del país. Es probable que el proceso político y social que se adelanta en Venezuela, también de rasgos bolivarianos, contribuya a fortalecer esta tendencia renovadora en Colombia.

Con respecto a la legitimidad del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, hay que reconocer, que pese a las numerosas críticas que cuestionan la validez de su autoritarismo guerrerista, y la implementación ciega de medidas económicas contrarias al pueblo, no obstante, los principales líderes del poder político - financiero y eclesiástico del país, lo respaldan definitivamente. Asimismo, el gobierno estadounidense de George Bush, le ha brindado todo su respaldo, a través del llamado "Plan Colombia" (6), mediante el cual ha entregado armas y asesoría militar, entrenamiento de mercenarios, flotillas de helicópteros Black Haw, y radares. La actual "ayuda" militar al gobierno de Colombia, le consolida, como el tercer receptor de apoyo militar estadounidense en el planeta.

Mientras tanto, el llamado plan de Seguridad Democrática, que adelanta el presidente Uribe, está hábilmente encubierto, con una retórica de democracia y desarrollo , y básicamente consiste en:

1° Un paquete de medidas económicas ordenadas por el FMI, que obligan a realizar ajustes a la economía, a costa de la rebaja de salarios, y del aumento de impuestos y tributos. Asimismo, de la eliminación de entidades controladoras del Estado, recorte de presupuestos para cuestiones sociales, debilitamiento y reducción del Parlamento, y la entrega incondicional de importantes recursos y sectores estratégicos de la economía colombiana a las transnacionales. Para garantizar lo anterior, Uribe pretende desde ahora, una prolongación de su mandato, pues los recortes y medidas, le permitirán al Estado, amortiguar el pago de intereses y moratorias de la deuda externa, y principalmente, obtener recursos para la guerra contrainsurgente.

2° Un plan de seguridad, cuyo componente principal está dirigido, al recorte de libertades públicas, cierre de Personerías y otras oficinas dedicadas a la atención de problemas sociales y de derechos humanos. También incluye reformas a la Fiscalía, a la Procuraduría, y también a los ministerios públicos, en favor del Poder Ejecutivo. Fortalecimiento y aumento de las Fuerzas Armadas, de Policía y de inteligencia del Estado; adquisición de armamentos sofisticados; creación de Fuerzas Especiales antiterroristas y de Asalto. Y lo peor, creación de zonas de guerra, eufemísticamente llamadas "Zonas de Rehabilitación".

La principal medida, ya en práctica, es el pago de recompensas a infiltrados y personas conocidas comúnmente como "sapos a sueldo", las cuales estarán integradas a un plan que contempla la contratación de un millón de informantes, cuya trabajo consiste en apoyar al Ejército en su lucha contraguerrillera, y denunciar a líderes sociales, sindicales y populares que no apoyen al gobierno . Los Generales del Ejército, Mario Montoya y Martín Orlando Carreño Sandoval, han sido los ideólogos más visibles de este plan, de evidente concomitancia paramilitar. A este propósito se suma, la creación de batallones de soldados campesinos, estrategia mediante la cual, según dicen sus ideólogos, entre los que se destacan los Parlamentarios Rafael Pardo Rueda y Germán Vargas Lleras, se le arrebatará la base social a la insurgencia.

3° Negociar con las redes paramilitares, fundamentalmente con las AUC , y si las condiciones se presentan, imponerle una negociación a las guerrillas, de acuerdo a los intereses gubernamentales. En ambos casos se trataría, dice el alto gobierno, de la desmovilización e inserción de estos grupos en la sociedad. Según el presidente Uribe y su "comisionado de paz", el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, el conflicto colombiano se reduce a un problema entre paramilitares y guerrilla, con lo que deliberadamente falsean la realidad.

El comisionado Luis Carlos Restrepo, pretende igualar, la lucha de la insurgencia contra el Estado y quienes lo representan, a la estrategia paramilitar, que ha sido el instrumento ideal de quienes detentan y usufructúan el poder político y económico, para mantenerse por tiempo indefinido en él.

El programa de "Seguridad Democrática" del presidente Uribe, no es otra cosa que la prolongación de ese poder déspota e injusto, que sólo ha servido para ensanchar la brecha entre ricos y pobres. Este programa pretende ser aprobado mediante un Referendo, próximo a celebrase, a favor del cual se han unificado los sectores más atrasados de la sociedad colombiana, principalmente terratenientes, empresarios, políticos tradicionales, la mayoría de los reinsertados, y con pocas excepciones la cúpula de la iglesia católica, encabezada por el arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Pedro Rubiano, y también por el Obispo, Héctor Gutiérrez Pabón.

Si el gobierno de Uribe manipula un voto afirmativo y mayoritario en el Referendo propuesto, seguramente se prolongará gravemente el conflicto social armado interno. El país necesita y reclama con urgencia transformaciones sociales, económicas y políticas democráticas, que recobren la vigencia integral de los derechos humanos, camino verdadero para resolver políticamente el conflicto interno. Colombia ostenta uno de los más extensos expedientes del planeta, en materia de violación a los derechos humanos. La violencia se ha propagado a niveles muy elevados, hasta alcanzar entre 20 mil y 30 mil asesinatos al año, de los cuales, a juicio de numerosos investigadores, más del 15% son crímenes por razones políticas. En los últimos 15 años, han sido desaparecidas no menos de 5.000 personas, en su mayoría opositores políticos al régimen.

Lamentablemente se registra en la prensa, solo las desapariciones de personas ampliamente conocidas y destacadas, o miembros de organizaciones respetables. Pero decenas de crímenes y desapariciones de líderes sociales del común, barriales y rurales, son casi ignorados. La gran prensa se ocupa esencialmente de denunciar el secuestro. Este delito, cuyo propósito principal es la extorsión, se ha multiplicado escandalosamente. En el secuestro participan principalmente las guerrillas, la delincuencia común, y también agentes del gobierno. En el último período, también se ha incrementado el secuestro con fines políticos, ejecutado principalmente por las guerrillas.

Las FARC-EP retienen en su poder, según afirman en sus comunicados, como prisioneros de guerra, sujetos de canje, a decenas de militares y policías, y también políticos, a quienes pretenden cambiar o canjear, por subversivos detenidos en las prisiones del Estado. Entre los cautivos se destacan oficiales del Ejército, ex Gobernadores, ex Congresistas, y la ex candidata presidencial Ingrid Betancur.

Las FARC no reconocen la legitimidad del gobierno, tanto que, han lanzado la propuesta, de impulsar un gobierno nacional alterno (paralelo), y clandestino, según ellos, para comenzar a preparar la transición hacia un nuevo poder democrático. El ELN también ha cuestionado la legitimidad del gobierno, y acusan al presidente Uribe, de querer legalizar el paramilitarismo mediante la negociación con las paramilitares AUC, a las que catalogan como 'sus aliadas estratégicas'.

Diversos sectores de la sociedad colombiana, inclusive organismos internacionales como Amnistía Internacional, entre otros, han cuestionado la posible legalización de las redes paramilitares, y especialmente la impunidad en que quedarían los crímenes cometidos por escuadrones de la muerte, como las AUC, mediante la eventual negociación con ellos.

Nadie se explica porqué, en Colombia se asesina a los líderes sindicales y sociales, se asesina a los defensores de derechos humanos o se les encarcela, en cambio de hablar con ellos y oír sus recomendaciones y peticiones, mientras que, con los paramilitares el gobierno abre mesas de negociación, y tácitamente les presenta oportunidades de trabajo legal, mediante redes de informantes y conformación de grupos de soldados campesinos.

Como segunda parte de esta exposición, hablaré también brevemente, sobre el origen y desarrollo del conflicto armado interno colombiano.

Casi todos los estudios sociológicos realizados en Colombia, apuntan a que la cuestión agraria y en particular, el problema de la tierra, junto a la exclusión política, el manejo represivo de los problemas sociales, y la concentración de la riqueza en pocas manos, fueron los cuatro factores principales que originaron el actual conflicto. Estos problemas no han sido resueltos, y por el contrario, hoy se siguen agudizando con las medidas neoliberales. Mientras no haya condiciones objetivas para la lucha democrática, ni voluntad política por parte del Estado, y en general del Establecimiento, para aceptar una salida política que conduzca a un acuerdo nacional de paz, que se base en transformaciones democráticas, sociales y políticas, entonces y lamentablemente, el conflicto armado se extenderá otro período de tiempo.

Las guerrillas nacieron como repuesta a la violencia oficial. En 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien prometía debilitar el poder oligárquico, proponiendo más participación popular y distribución de la tierra. Los liberales de la base, enardecidos con el crimen de Gaitán, emprendieron protestas nacionales y comenzaron a aglutinar a la oposición en contra del gobierno conservador. El líder derechista, Laureano Gómez, junto a sus compartidarios impulsaron grupos paramilitares llamados 'pájaros', que actuaban al amparo de la Policía estatal, bautizada entonces como 'Chulavita'. Las bandas de paramilitares bañaron en sangre a Colombia. Como reacción a la violencia oficial, los liberales fundaron guerrillas, agudizándose la confrontación y la violencia. Hasta 1964, hubo al menos 200.000 asesinatos, y casi 2 millones de campesinos desplazados.

Entre 1957 y 1958, hubo negociaciones entre las cúpulas de los partidos Liberal y Conservador, que culminaron con la repartición del poder, en un Frente Nacional , el cual terminó favoreciendo a terratenientes de ambos partidos. Posteriormente, casi todos los líderes de la guerrilla liberal que firmaron la paz y entregaron sus armas, fueron asesinados en indefensión. Sectores y regiones campesinas, que antes habían sido influenciadas por el Partido Comunista, alertaron sobre los peligros de una negociación y desmovilización en estas condiciones, y rechazaron el Frente Nacional. Decidieron guardar sus armas y dedicarse a colonizar y cultivar nuevas tierras, a la vez que reclamaron participación política, distribución de la riqueza y especialmente, reforma agraria.

El gobierno no atendió las peticiones de estos campesinos y declaró una guerra sin cuartel, contra los que llamó "forajidos y cuatreros", calificando sus peticiones como "desmesuradas", y a sus asentamientos rurales como "Repúblicas Independientes". La agresión fue respondida con movilizaciones y resistencia armada, y no tardaron en dar a conocer varias proclamas, entre las que se destaca la del 20 de julio de 1964, conocida como "el Programa Agrario de los Guerrilleros del Sur". Ese es en realidad, el primer paso concreto hacia la constitución de las FARC.

El ELN, también surge por esta época, en 1965, más ligado a proyectos políticos urbanos, aunque finalmente, su desarrollo y crecimiento también fue campesino. En la actualidad, más del 80% de la guerrilla colombiana, está constituida por campesinos y campesinas alzados en armas. Pese a que las FARC-EP, impulsan el Movimiento Bolivariano - MB, lo mismo que milicias bolivarianas de carácter urbano, grupos de apoyo en universidades y sectores barriales, sin duda, la mayor parte de su base social es conformada por humildes labriegos. Una situación parecida sucede con el ELN.

Hoy se habla de un Conflicto Social Armado, porque involucra a muy diversos sectores de la sociedad colombiana. Es iluso desconocer la capacidad política y militar, de una guerrilla nacional, con tan significativa expansión territorial y tanta rica historia social. En la actualidad las FARC presionan el canje de prisioneros de guerra, y según afirman, no aceptarán la mediación de la ONU, y exigen que sea el gobierno nacional, quien resuelva junto con la insurgencia, este grave problema que afecta la vida nacional. Según analistas y organismos de derechos humanos, este acto, que prefieren llamar, acuerdo humanitario, podría abrir nuevas puertas hacia la iniciación de diálogos por la paz.

No obstante, las FARC y el ELN, han asegurado que algún proceso de paz entre gobierno e insurgencia tardará en iniciarse, porque las políticas oficiales, ligadas al Plan Colombia alejan las posibilidades de paz. Igualmente, no comparten el actual diálogo entre gobierno y paramilitares, del que aseveran, "se trata de una conversación formal entre viejos amigos". Además, rechazan las medidas neoliberales que ha tomado el gobierno, encaminadas a la inclusión de Colombia en el ALCA, porque favorecen al capital transnacional, y a los terratenientes que controlan el poder.

Bien, como tercera y última parte de la presente exposición, quisiera reflexionar muy brevemente sobre el panorama internacional, y particularmente sobre la actual situación de América Latina, que sin duda, no favorece al gobierno del presidente Uribe Vélez, considerado por la opinión pública, como el principal apoyo en esta región, de la política intervencionista que ejecuta el gobierno estadounidense de George Bush.

En Ecuador y Brasil, se han iniciado procesos políticos que anuncian cambios importantes en la conducción de estas economías. Es muy probable que los nuevos gobiernos en estos dos países, por su talante popular y las circunstancias en que fueron elegidos, opongan bastante resistencia a la implementación del Area de Libre Comercio para las Américas. Al menos, se prevé, que van a condicionar su ingreso a este programa económico, a nuevas reglas de juego, en las que se consulte su realidad interna y las expectativas sociales de la mayoría de su población, entre otras cosas, terriblemente empobrecida.

En la República Bolivariana de Venezuela, ya está en marcha un programa democrático de reformas sociales, económicas y políticas, que contempla, entre otras cuestiones, una Ley de Tierras, avanzada y conducente a la realización de una profunda reforma agraria. Algunos sectores estratégicos de la economía nacional (energía, hidrocarburos y banca), pese a la resistencia de la oligarquía y el empresariado, están sufriendo algunas transformaciones importantes, en cuanto a su funcionamiento y autonomía. El presidente Chavez ha anunciado que consultará a su pueblo, una eventual inclusión en el ALCA, y propone acordar una alianza regional, para concertar reglas de juego frente a la implementación de este bloque económico. Como Ecuador y Brasil, Venezuela mira con escepticismo y desconfianza el llamado "Plan Colombia". Igualmente, su principal preocupación, en cuanto a Colombia, gira a favor de una solución política para el conflicto interno colombiano. Estos países no aceptan una intervención norteamericana en la región.

Bolivia, por su parte, en las últimas semanas se ha visto sacudida por intensas movilizaciones campesinas e indígenas, que reclaman un tratamiento económico y político justo, para la cuestión de los cultivos de coca. Sus peticiones van más allá, y también reclaman democratización del poder, no inclusión al ALCA, cambios en la política económica y reformas democráticas y sociales. El pueblo boliviano no apoya la implementación del Plan Colombia y rechaza la injerencia de EE.UU. en la región. En Argentina, inclusive también en Paraguay, la crisis económica, parece que no toca fondo. Con situaciones políticas distintas, estos pueblos aparentan una tensa calma, que podría romperse en cualquier momento, si sus gobiernos mantienen la línea de mando del Fondo Monetario Internacional. En conclusión, no son muchos los aliados del presidente Uribe... Tal vez, y sin demasiado alarde, lo respaldan los gobiernos de Perú, que encabeza el presidente Toledo, y de México, que preside el señor Fox... Como dice un adagio popular: "Dios los cría y ellos se juntan". (LAM - 24- 01-003)


Notas

1 Exposición realizada por Luis Alberto Matta Aldana, colombiano, historiador y activista por la paz, y quien ha estado vinculado a organizaciones sociales de su país, como la Federación Nacional Sindical Agropecuaria - FENSUAGRO, organización afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores - CUT. Ha sido integrante, además, de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos - REINICIAR, organización que junto a la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, son peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la demanda contra el Estado colombiano, por el exterminio cometido contra el movimiento político Unión Patriótica.

2 Según cálculos, en el año 2000, ya que el último censo oficial fue realizado en 1993, habrían en Colombia unas 43 millones de personas, de las cuales, algo más de 700 mil, son reconocidas como indígenas, y también como miembros de comunidades que viven según usos y costumbres indígenas. Asimismo, aproximadamente 7.5 millones de personas de raza negra (afrocolombiana), y el resto de la población, un poco más de 30 millones de personas, son en su mayoría mestizos.

3 Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. Red paraestatal responsable de decenas de masacres contra el campesinado y de numerosos crímenes contra líderes sociales, sindicales y populares de oposición política al régimen colombiano. Son lideradas por confesos narcotraficantes y militares en retiro. Las "autodefensas" entrenadas en un comienzo por mercenarios británicos e israelíes (como sus antecesores del MAS, otro grupo paramilitar), reciben apoyo logístico y habitualmente coordinan operaciones contrainsurgentes con secciones y sectores de la Policía y el Ejército estatal. Su funcionamiento es financiado con dineros provenientes del tráfico de drogas y con aportes de terratenientes, de algunos políticos tradicionales y empresarios corruptos. Las AUC constituyen una última versión de redes paramilitares en Colombia, superando con creces varias experiencias de esta misma naturaleza en un país donde la violencia política, ejercida desde el poder, constituye un fenómeno corriente a lo largo del último siglo. El tamaño de las paramilitares AUC y su tranquila expansión por algunos territorios nacionales, les ha facilitado, según sus voceros, representación parlamentaria y por último, hicieron proselitismo armado a favor del entonces ultraderechista candidato presidencial, el liberal "independiente" Alvaro Uribe Vélez, hoy presidente de la República. Tomado del libro, "Poder Capitalista y Violencia Política en Colombia - Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica".

4 La fase neoliberal, es el más salvaje período de la historia capitalista. En la actual etapa, este sistema ha alcanzado el máximo extremo de poder y voracidad económica, acrecentado por su afán político de dominar al mundo. (Idem).

5 Unión Patriótica, movimiento político surgido de los acuerdos de paz entre las FARC- EP y el gobierno colombiano, en 1985, al que se incorporaron los más diversos sectores de la sociedad colombiana. La UP luego de su fundación fue sometida a la barbarie de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, pese a que la insurgencia se retiró tempranamente de este proyecto. No obstante la condición legal de la UP y su composición democrática, en menos de una década de existencia y de significativos avances electorales, fueron asesinados cerca de 5.000 de sus líderes, incluyendo dos candidatos presidenciales, varios Parlamentarios, Alcaldes y Diputados, decenas de Concejales, y miles de simpatizantes y activistas. La UP, fue prácticamente exterminada.

6 El Plan Colombia es un programa político y militar diseñado y controlado por EE.UU. a través de representantes del poder colombiano, cuyo interés de fondo, aparte de derrotar a la oposición política y armada, pretende consolidar un modelo de acumulación hegemónica del capital financiero y de las transnacionales. Se ha señalado que el gobierno estadounidense, pretende extender este programa de guerra hacia otros países vecinos, como una iniciativa para América Latina, supuestamente para defender la democracia regional. En Colombia, numerosos críticos lo han catalogado de "salvavidas para la maltrecha y corrupta institucionalidad local", caracterizada por desconocer los derechos humanos y ser incondicional aliada de las políticas económicas del imperio gringo. Constituye, además, la punta de lanza del intervencionismo en esta región del mundo, con el pretexto de combatir el narcotráfico.