Nada detendrá la construcción de las represas

Pese a los argumentos expuestos por el Gobierno y entidades y organizaciones sociales de Bolivia, Brasil hizo saber que “bajo ningún punto de vista” suspenderá la ejecución de un megaproyecto hidroeléctrico que, se prevé, provocará un serio daño ambiental en Bolivia, debido a la proximidad de sus instalaciones.
Se trata de la construcción de las represas San Antonio y Jirao, que involucran las aguas del río Madera y que ya cuentan con una licencia ambiental de parte del Gobierno brasileño, aún cuando su par boliviano solicitó, en reiteradas oportunidades, que en un esfuerzo binacional se realice también un estudio técnico ambiental en Bolivia para conocer el impacto del proyecto.
Según documentación oficial a la que accedió La Razón, fue el canciller David Choquehuanca quien hizo esta solicitud a su par de Brasil, varias veces, considerando la importancia del río Madera, el más grande del país.
No obstante, “la república federativa del Brasil reiteró que, bajo ningún punto de vista, suspenderá el proceso de licitación de las hidroeléctricas en el entendido que éstas no comprometerán impactos en territorio boliviano tal cual manifiestan sus estudios efectuados”, según se lee en un informe que elaboró la Cancillería para enviarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La idea del megaproyecto se gestó en la década de los años 70, cuando el Ministerio de Minas y Energía del Brasil, identificó a Cachuela Jirao como una zona potencialmente alta para ejecutar planes hidroeléctricos.
La intención del Gobierno del Brasil es construir dos represas en el río Madera (San Antonio y Jirao), ubicadas en la ciudad brasileña de Porto Velho, a unos 180 kilómetros de la frontera con Bolivia, y con una distancia de cerca de 110 kilómetros, la una con la otra. El objetivo es la generación de energía eléctrica.
En noviembre del 2006, Choquehuanca envió una nota al canciller de Brasil, Celso Amorim, expresándole la preocupación del Estado boliviano por las repercusiones medioambientales que las hidroeléctricas producirían en territorio boliviano, y solicitó se proporcione toda la información relativa al proyecto.
“Paralelamente, el Estado boliviano instruyó a la misión diplomática de Bolivia acreditada en Brasilia, realizar las gestiones conducentes a obtener de las autoridades brasileñas toda la información relativa a los proyectos hidroeléctricos para ser analizada por las autoridades nacionales”, según el documento enviado a la CIDH.
El 18 de diciembre de 2006, la Dirección General de Medio Ambiente del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente de Bolivia convocó a instituciones de la sociedad civil y organizaciones sociales involucradas, para que se realice un primer debate y evaluación sobre los posibles impactos ambientales al ejecutarse la construcción de las represas.
En el mismo mes, durante una reunión ministerial de ambos países, la delegación boliviana, encabezada por Choquehuanca, volvió a solicitar toda la información relativa a los proyectos.
Un mes más tarde, en enero del 2007, Bolivia conformó una delegación interinstitucional para viajar a Río de Janeiro (Brasil) a la presentación de los estudios de impacto ambiental elaborados por ese país con miras a la construcción de las represas.
Ese mes, en el marco del grupo de trabajo bilateral previsto en el Convenio para la Preservación, Conservación y Fiscalización de los Recursos Naturales Fronterizos, conforme al artículo VII del Convenio, se estableció que “este grupo de trabajo estará compuesto por funcionarios de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y por técnicos vinculados al sector ambiental de los dos gobiernos”, sugerencia que Bolivia acogió favorablemente.
Según el informe que la Cancillería envió a la CIDH, el 7 de febrero de 2007, se llevó a cabo una reunión en Río de Janeiro, en la que Bolivia a través de sus representantes, presentó tres observaciones a la ejecución del plan.
Por un lado, se consideró que los estudios que realizó Brasil son insuficientes, ya que éstos deberían considerar a toda la cuenca del río Madera, incluyendo las áreas que se encuentran dentro del territorio boliviano.
Además, Bolivia consideró necesario que los estudios técnico-ambientales para otorgar la licencia ambiental deberían ser producto de un esfuerzo binacional lo cual permitirá garantizar la integralidad de estos.
Finalmente, se hizo notar que “mientras los estudios no sean concluidos, el Estado boliviano considera que Brasil no debe tomar acción alguna conducente a iniciar la construcción de centrales hidroeléctricas”, de acuerdo con lo escrito en el informe.
Sin embargo, el documento añade que Brasil reiteró que “bajo ningún punto de vista suspenderán el proceso de licitación de las hidroeléctricas”.
Entretanto, Brasil ya habría avanzado en el proceso de licencia y licitación de los proyectos en el río Madera, y Bolivia constituyó un Comité Técnico, presidido por el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos
Forestales y Medio Ambiente, en el que también participan al menos 20 instituciones entre sectores sociales y de protección ecológica.
El 9 de julio, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), entregó la licencia previa, para ejecutar los dos megaproyectos.
Al día siguiente, tras enterarse del hecho, Choquehuanca envió, por tercera vez, una nota a Amorim, en la que expresó “la preocupación del Estado boliviano en torno a la aprobación de la licencia ambiental previa del IBAMA para la licitación de los proyectos hidroeléctricos”, y reiteró que antes de iniciar el trámite de la licencia ambiental, se debían realizar estudios en Bolivia.
El 2 de agosto de 2007 se llevó a cabo otra reunión en Sao Paulo con delegados de ambos países. Luego de que los brasileños expusieron su informe, los bolivianos expresaron sus inquietudes.
El 8 de agosto, por quinta vez, Choquehuanca envió una nota (GM-286/07) al Gobierno brasileño. Ésta decía que “Bolivia cuenta con una serie de indicios y dudas razonables que nos indican de impactos ambientales y económicos hacia nuestro país. Estas dudas no han sido absueltas en la mencionada reunión y más aún se han profundizado en varios aspectos tal como se lo dejó establecido en Sao Paulo”. Amorim, el 23 de agosto, le pidió a Choquehuanca que envíe un cuestionario con todas las dudas que se tienen al respecto.
El 31 de agosto, a través de otra nota, el Canciller boliviano envió un cuestionario de 21 preguntas cuyas respuestas fueron enviadas de vuelta a Bolivia el 16 de noviembre. El material fue evaluado por el Comité Técnico, que concluyó que la información era incompleta y ambigua.
La última comunicación oficial entre las cancillerías de Bolivia y Brasil data del 10 de abril de este año, donde a través de la carta GM-22/08, Choquehuanca, solicitó a Amorim convocar a una segunda reunión técnica sobre los proyectos hidroeléctricos.
Al respecto, Choquehuanca declaró a La Razón, que “hay una reunión pendiente con técnicos de Brasil como de Bolivia donde nos tienen que entregar toda la información”.
Según la autoridad, la comisión técnica se reunirá en las próximas semanas; se prevé que asistan al menos 20 técnicos de Brasil y un número similar de Bolivia para un informe completo sobre el impacto de las represas.
Juan Pablo Ramos, viceministro de Biodiversidad y Recursos Naturales, dijo que solicitaron a Brasil “que pare el proceso de tramitación de la construcción de las represas mientras no se conozca con objetividad y veracidad los impactos” del proyecto.

http://www.la-razon.com/versiones/20080914_006395/nota_276_670540.htm