Coltán, sangre y armas en Congo

MANUEL ALTOZANO

Es un mineral esencial en nuestra vida diaria. Con él se fabrican teléfonos móviles, videoconsolas y ordenadores. El coltán, sin embargo, está en el origen de una de las guerras más cruentas de los últimos años y que ha causado millones de muertos. El control de las minas en las que se encuentra al este de la República Democrática del Congo está detrás de rebeliones e intervenciones militares directas organizadas o apoyadas por países limítrofes como Ruanda o Uganda en la región fronteriza de los Kivus (norte y sur). La última fue la asonada del general Laurent N'Kunda, al frente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), patrocinado por Ruanda. N'Kunda fue detenido el pasado 22 de enero.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha extendido su investigación sobre el exterminio sistemático de la etnia hutu por el Gobierno tutsi de Ruanda -posterior al genocidio perpetrado por los hutus sobre los tutsis en la primavera de 1994- a la extracción ilegal de este mineral al este de Congo, según el autor de la querella, el abogado Jordi Palou-Loverdos. El magistrado se ha dirigido al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para pedirle las pruebas que sirvieron de base a los tres informes de la ONU que atribuyen la explotación ilegal de recursos naturales congoleños -entre ellos el coltán- al presidente ruandés Paul Kagame, procesado por genocidio, y personas de su entorno. Todas estas personas, según el relato de los autores de los informes, se aprovecharon de las guerrillas afines para perpetrar el expolio.

Con su decisión, el juez español trata de recabar las evidencias que sirvieron al grupo de expertos sobre la explotación ilegal de recursos para manifestar en 2001 que tres de las compañías que sacaban el coltán de ese país hacia Kigali (la capital ruandesa), Air Navette, Jambo Safari y New Gomair, pertenecían a personas cercanas a Kagame, como la esposa de su ministro de Finanzas o empresarios de su entorno más cercano. Los informes aseguraban, además, que la mayoría de las sociedades que se beneficiaban de la extracción ilegal pertenecían al Gobierno de Kagame o a personalidades del partido que lidera, el Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Entre las empresas que se dedicaban a esa actividad se encuentra Tristar Investment. Su principal accionista, el consejero de Kagame Tribert Rujigiro, es miembro del FPR y está considerado como uno de sus principales contribuyentes. Ha mantenido relaciones con traficantes de armas como el ex espía del KGB Viktor Butt, sobre el que el juez también pide información, que colaboró con mandos del Ejército ruandés alquilando aviones para transportar coltán a Kigali. Tuvo un papel clave en la financiación de la última revuelta apoyada por Ruanda, la del general N'Kunda, que ha provocado 250.000 desplazados.

Rujigiro está detenido en Londres, al haber sido reclamado por Suráfrica por evasión de impuestos. El abogado Palou-Loverdos sopesa ahora pedir a Andreu una orden europea de detención para sentarlo en el banquillo en España por crímenes de guerra.

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