Mina de carbón impacta 7 mil hectáreas de bosque nativo

El gobierno respaldó el proyecto del grupo Angelini, que permitirá incrementar todavía más la emisión de dióxido de carbono.

El pasado 6 de abril se realizó en Punta Arenas el lanzamiento de una iniciativa empresarial que promete un “aporte a la independencia energética de Chile”. Se trata de la explotación, por parte de Sociedad Minera Isla Riesco, de las enormes reservas de carbón sub-bituminoso que yacen en la isla homónima.

La empresa, controlada por los grupos Copec y Ultramar, afirma que el mayor impulso para este proyecto proviene de la demanda que provocará la gran cantidad de centrales termoeléctricas a carbón que se proyecta construir en el centro y norte del país.

En 2007, Corfo licitó las pertenencias mineras llamadas Río Eduardo, Mina Elena e Invierno, que abarcan superficies de 1.900, 1.000 y 4.030 hectáreas respectivamente. Son casi 7.000 hectáreas de bosque nativo de lenga y coigüe; es decir, una extensión mayor que las áreas de inundación del proyecto HidroAysén.

Como se trata de una explotación a tajo abierto, tanto los bosques, como el suelo que los sustenta, serán removidos para obtener este combustible fósil. La tierra extraída allí debe ser depositada fuera de la excavación, para que no interfiera con la operación de la mina, por lo cual afectará superficies adicionales en que la vegetación quedará sepultada bajo el material desechado.

Por ejemplo, para explotar los yacimientos Río Eduardo y Mina Elena, que suman 2.900 hectáreas, la minera demandó al propietario de los predios para constituir una servidumbre sobre más de 4.600 hectáreas, de las cuales alrededor de 600 hectáreas corresponden a praderas ganaderas y el resto a bosque nativo.

Sin dejar de reconocer que existen algunos avances en materia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), resulta urticante la pasividad con que el Gobierno acepta la proliferación de centrales termoeléctricas. El ministro de Energía, Marcelo Tokman, parece no poder resolver una dicotomía que forma parte de la esencia misma de su misión.

Primero, el 6 de enero, entrega a la Presidenta Bachelet un documento en el que advierte sobre el riesgo del incremento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por el auge de centrales a carbón. Luego, 3 meses después, el 6 de abril, aparece en Punta Arenas -junto a ejecutivos de la empresa minera- alabando el proyecto que permitirá abastecer precisamente a dichas generadoras.

Durante el evento se repite varias veces la palabra “sustentable”, sin entrar en detalles respecto de la manera en que dicho calificativo puede ser aplicado a la destrucción de miles de hectáreas de bosque nativo para obtener al más contaminante de los combustibles fósiles. Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec S.A., declaró que “el carbón magallánico es la energía para el Bicentenario”. El eslogan impreso en los folletos repartidos durante el lanzamiento del proyecto reza “Minera Isla Riesco, Energía de Magallanes para Chile”.

Cabe preguntarse si son las empresas privadas las que en la práctica están definiendo la estrategia de desarrollo energético para el país y los costos patrimoniales en que se debe incurrir para lograrlo. No se puede exigir a ellas que por propia voluntad se impongan hoy estándares productivos más caros en beneficio de las generaciones futuras. Son los encargados de crear las políticas públicas que regulan el avance hacia el desarrollo los que deben tener la visión de largo plazo y plasmarla en el diseño de una estrategia que permita resolver el problema actual sin generar uno mayor para el futuro.

Jan Gysling Brinkmann
Ingeniero Civil
Colaborador del Programa Chile Sustentable
15 de abril de 2009.