Carta Montañas, tercer borrador

Preámbulo

Conscientes de que las montañas españolas constituyen una reserva de
paisajes, ecosistemas y hábitats característicos que acogen a una vasta
diversidad de flora y fauna, una reserva de recursos hídricos, y que además
encierran un rico patrimonio geológico, cultural e histórico,

En el reconocimiento de la interdependencia del ser humano con el medio
ambiente, pero también de la amenaza que para este último constituyen las
crecientes presiones causadas por las actividades humanas,

Convencidos de la necesidad de preservar los valores naturales,
paisajísticos y culturales mencionados anteriormente, ya que su deterioro o
desaparición supondrían una pérdida irreparable, y por el contrario su
conservación representa un beneficio colectivo para el conjunto de la
sociedad y el reconocimiento de los derechos de las generaciones
venideras,

Considerando que las áreas de montaña constituyen el lugar de residencia y
el medio de vida de las poblaciones de montaña, y por tanto se ha de tener
en cuenta su opinión y favorecer su participación activa,

Ante la necesidad de resaltar que la conservación del medio de montaña
constituye la clave para el desarrollo equilibrado y el bienestar de sus
pobladores a través de la utilización y el disfrute racional y sostenible de sus
recursos, que garantiza, además, la continuidad de los servicios
ambientales tangibles e intangibles y de los valores objetivos y subjetivos
que representan las montañas para el conjunto de la sociedad,

Convencidos de que la gestión eficaz y la conservación de las áreas de
montaña precisan una acción concertada y consensuada de las autoridades
estatales y autonómicas, agentes económicos, habitantes de las montañas,
visitantes y otros actores implicados, así como de una legislación que las
respalde,


Habida cuenta que la crítica situación ambiental y social de la mayor parte
de las áreas de montaña de todo el mundo llevó a la Asamblea de las
Naciones Unidas a declarar el año 2002 como Año Internacional de las
Montañas, y de que los procesos de reflexión y debate que se produjeron a
lo largo del mismo generaron una multitud de encuentros de trabajo,
congresos, convenciones y conferencias internacionales, cuyos resultados
se han plasmado en todo un conjunto de recomendaciones e informes,
cuyos contenidos impregnan este documento 1,

Se declara, como OBJETIVO del presente documento el establecer los
principios, directrices y recomendaciones para el diseño de políticas
integrales capaces de garantizar la protección de las montañas (preservar
sus valores naturales, paisajísticos y culturales) como única vía para
garantizar la equidad, el bienestar y el desarrollo equilibrado de sus
habitantes, satisfaciendo, a la vez, las aspiraciones, intereses y expectativas
espirituales, recreativas, deportivas, éticas, científicas, intelectuales y vitales
del conjunto de la sociedad.

Para este fin, es necesario que las recomendaciones establecidas en la
Carta Española de las Montañas se integren, de la manera más completa
posible, en las normativas básica, autonómica y local en materia de
conservación de la naturaleza, políticas sectoriales y de ordenación del
territorio.

Para el logro de este aspecto, resultará muy conveniente la articulación de
un mecanismo de coordinación capaz de garantizar la integración de las
recomendaciones de la Carta en la planificación y la gestión, así como, la
integración horizontal de las diversas normativas, mecanismos e
instrumentos administrativos y financieros relacionados con la política de
montaña.

Por último, y teniendo en cuenta la diversidad, distribución y heterogeneidad
de las montañas españolas, parece necesario que las recomendaciones de
la Carta se adapten a cada área a partir de estudios de análisis y ordenación
territorial y de acuerdo con sus características específicas, garantizándose
su conservación mediante la eficacia y el cumplimiento del principio de
subsidiariedad.

Definición para las “áreas de montaña”

Dado que las actuales definiciones que se aportan desde la Unión Europea
son muy generales, incluyen elementos no aplicables a nuestro territorio o
tienen un carácter parcial por su vinculación a sectores o disciplinas
concretas, es necesario determinar y aprobar una definición común para las
áreas o regiones de montaña, que se adapte a las características peculiares
de nuestro país. Este hecho facilitará una coherencia de criterio para el
Estado español, a partir del cual cada Comunidad Autónoma pueda delimitar
y catalogar estas zonas en el conjunto de su territorio, con el objetivo de
establecer para ellas políticas concretas y hacerlas efectivas dentro del
marco general de su ordenación territorial. Todo ello, con independencia de
las definiciones dirigidas a regular la indemnización compensatoria en el
sector agrario.

Por tanto, queda pendiente de un proceso conjunto de reflexión la definición
para área de montaña, en el entendimiento de que dicha definición debiera
estar basada en los términos generales de las que se proponen desde la
Unión Europea y los organismos internacionales, adaptándose a los rasgos
propios de las montañas españolas e incorporando, en la medida de lo
posible, criterios paisajísticos, topográficos, bioclimáticos, socioeconómicos
u otros que se consideren significativos.


1.Las recomendaciones e informes elaborados con ocasión de la Cumbre Mundial de Bishkek, celebrada en octubre del 2002 como evento culminante del Año Internacional de las Montañas; La Conferencia Europea
Preparatoria del Año Internacional del Ecoturismo 2002, y especialmente el informe sobre Ecoturismo en Áreas de montaña; La Recomendación 40 sobre ecosistemas de montaña del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo; las recomendaciones del Capítulo 13 de la Agenda 21 y especialmente el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, el Convenio de Lucha contra la Desertificación y el Foro Forestal de Naciones Unidas; Todas las resoluciones y recomendaciones relativas a las áreas de montaña, adoptadas por el Consejo de Ministros, la Asamblea
Parlamentaria y el Comité de las Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa; La Recomendación 14 (1995) del Comité de las Autoridades Locales y Regionales de Europa, la Recomendación 1274 (1995) sobre el borrador de la Carta Europea de las Regiones de Montaña, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y la Recomendación 75 (2000) sobre el borrador del Convenio Europeo de Regiones de Montaña del Consejo de Europa; El Convenio para la Protección de los Alpes de 1991 y sus protocolos; El Convenio Europeo del Paisaje de 2000 y los informes resultantes de las posteriores Conferencias de las Partes; Todos los encuentros y manifestaciones de colectivos montañeros, ecologistas, culturales y sociales que tanto en Europa como en España han convergido en la necesidad de una protección activa y urgente para las zonas de montaña y la potenciación de usos y actividades sostenibles y respetuosas con el entorno.

Líneas Directrices de Actuación

1. Premisas fundamentales para las políticas de montaña

El alto grado de naturalidad y diversidad aún presente en las montañas
españolas; la calidad, belleza, exclusividad y significado cultural de los
múltiples paisajes de sus valles y cumbres; la originalidad y funcionalidad de
sus ecosistemas y el rico legado histórico que encierran sus culturas,
representan en su estado de integridad, y en todos los contextos
administrativos nacionales e internacionales, el principal activo económico
para los pobladores de las montañas y un auténtico valor en alza para el
conjunto de la sociedad.

Por lo tanto, las políticas de montaña deben tener su base conceptual en la
conservación y, en su caso, recuperación de dicho patrimonio, y su objetivo
estratégico debe ser la puesta en valor y gestión racional de todos sus
recursos, protegidos en la forma adecuada, a fin de contribuir a garantizar el
bienestar de las comunidades de montaña y el cumplimiento de las
expectativas de toda la colectividad.

Las políticas de montaña deben tener en cuenta el papel fundamental de las
comunidades montañesas en el mantenimiento de los paisajes y valores
naturales y también su dilatada contribución cultural a la riqueza de dicho
patrimonio.

En consecuencia, el conjunto de estas políticas debe desarrollarse desde la
perspectiva del reconocimiento social de dicho papel prioritario,
reconocimiento que debe objetivarse en forma de diversas
contraprestaciones que garanticen oportunidades para el bienestar, la
dignidad y el pleno desarrollo de las iniciativas de sus pobladores.
Es aconsejable, a tenor de lo expuesto, un esfuerzo de reflexión que
conduzca a un enfoque integral de las políticas de montaña de manera que
éstas atiendan satisfactoriamente y simultáneamente a los tres elementos
clave:

1. conservación prioritaria del patrimonio natural y cultural
2. puesta en valor del patrimonio así preservado como base
fundamental para el uso racional y sostenible de los espacios de
montaña y para el bienestar local, y
3. contraprestación equitativa para los pobladores de montaña como
reconocimiento del papel que desempeñan en beneficio del
conjunto de la sociedad.

Cada uno de estos elementos o ejes debe cubrirse a través de políticas
sectoriales propias, normativas, mecanismos administrativos e instrumentos
financieros, que se articularán en forma de planes, programas y proyectos
enmarcados en las directrices de las correspondientes políticas de la Unión
Europea y que, por racionalidad y proximidad, deben implementarse a favor
del principio de subsidiariedad.

La eficiencia de este proceso político y la satisfacción de los objetivos será
tanto mayor en función del éxito en la participación social, y en la medida en
que se logre optimizar la coordinación; se aprovechen las ventajas de la
cooperación a través de las sucesivas competencias administrativas (local,
comarcal, autonómica, estatal y comunitaria); se logre, también, la
integración horizontal de las políticas y demás instrumentos jurídicos,
administrativos y financieros; y se incorpore, por último y deseablemente, un
mecanismo idóneo de seguimiento y oportuna corrección.

EJE 1: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

En las áreas de montaña, el carácter natural y no transformado supone en sí
mismo un activo de primer orden, favorecedor de toda ulterior puesta en
valor a efectos de un desarrollo económico equilibrado. Esto es así hasta el
punto de que las deficiencias en la conservación pueden llegar a
comprometer la propia filosofía del desarrollo sostenible, en la medida en
que, en las montañas, el deterioro ambiental significa en muchos aspectos
una verdadera pérdida de oportunidades. Por lo tanto, garantizar el estado
de integridad y naturalidad de las montañas españolas debe constituir la
principal prioridad y el objetivo básico de toda política de montaña.

2.- Conservación del medio y los recursos naturales

Todos los valores naturales del medio de montaña (paisajes, patrimonio
geológico especies, ecosistemas, procesos geodinámicos, funciones) son
exclusivos, irrepetibles e insustituibles, y su deterioro o destrucción son
irreparables, significan una pérdida definitiva para la colectividad y van en
detrimento espiritual, ético y moral de las generaciones presentes y
venideras.

Por lo tanto es de la mayor importancia partir del imprescindible esfuerzo
previo de conocimiento y catalogación de las diversas categorías de bienes
naturales específicos de las montañas para, a continuación, definir
localmente los objetivos y prioridades básicas de conservación de estos
recursos y por último estudiar, establecer y cumplir los programas más
adecuados para cada objetivo.

Dichos programas deben contemplar los distintos elementos relacionados
con la conservación –sociales, económicos u otros- y buscar soluciones
participadas socialmente. En cada caso, será conveniente la integración de
los objetivos individuales (es decir, conservación de recursos concretos,
como el agua, el material y estructura geológica y el suelo, la calidad del aire o el material genético) en estrategias para sistemas amplios –por ejemplo, protección de paisajes, cumbres, bosques, cuencas...- de acuerdo con los requisitos de ordenación del territorio. A su vez, la evaluación ambiental estratégica de los distintos planes, programas y proyectos que constituyan factores de afección, será una herramienta de primer orden a la hora de establecer las necesarias actuaciones y valorar márgenes de riesgo y
seguridad para la sostenibilidad de la utilización de los recursos.

Allí donde existen, las diversas figuras de protección de espacios, especies y
hábitats representan instrumentos idóneos para la conservación integrada de
todos los valores del medio de montaña, a la vez que favorecen un
desarrollo económico ambientalmente correcto. Estas figuras deben
extenderse a otras áreas en la medida que sus valores así lo exijan.

En los espacios protegidos, las limitaciones del uso público deben estar bien
sustentadas en el conocimiento científico de los riesgos, daños y valores
existentes, con el objeto de no cercenar de forma arbitraria la necesidad de
disfrute y desarrollo de la personalidad de los individuos.

Donde, por diversas razones, no sea procedente la aplicación de las figuras
clásicas de protección, es conveniente estudiar y articular otros tipos de
sistemas flexibles de protección, que integren eficazmente los objetivos
locales de conservación y los compatibilicen con la satisfacción de los
intereses del bienestar local. Este también puede ser el caso de los
espacios, o algunos de ellos, de la red Natura 2000.

3.- Rehabilitación de paisajes y espacios degradados

Los esfuerzos en esta línea favorecen la conexión de paisajes y hábitats,
mejoran el aspecto del entorno allí donde las actuaciones urbanísticas,
industriales u otras han dejado huellas inadecuadas (canteras, vertederos o
el caso muy notable de las abandonadas y ruinosas edificaciones e
infraestructuras de represamiento en muchos lagos pirenaicos), crean
empleo y ofrecen oportunidades para reconducir parte de la presión turística
y descargar lugares ambientalmente frágiles. En el mismo sentido de
protección, rehabilitación de hábitats y paisajes, y lucha contra la erosión,
cobran gran importancia los programas de reforestación y recuperación de
bosques, restauración de sotos y comunidades de ribera, forestación de
tierras agrícolas abandonadas y otras formas de recuperación de la cubierta
vegetal, buscando, siempre que sea posible, un buen estado de
conservación de los ecosistemas autóctonos

4.- Conservación y mejora del patrimonio construido por las personas

El inventariado, catalogación, rehabilitación y realce de edificios y demás
elementos arquitectónicos en pueblos y entornos rurales crea empleo y tiene
sentido y potencial como recurso cultural, económico y de identidad local.
Del mismo modo, la recuperación de calzadas, puentes, acueductos, de la
red de careos en las altas montañas y el mantenimiento de vías pecuarias y
antiguos caminos juega un papel relevante en la funcionalidad del territorio,
la calidad y diversidad paisajística, suponiendo recursos potenciales al
servicio de aspectos recreativos y culturales para locales y visitantes.

5.- Recuperación del legado cultural

Una parte importante del conocimiento histórico y el saber tradicional,
derivado de antiquísima observación y acumulación de experiencia, está
sólo en las mentes y memorias de personas ancianas, de ahí que su
recuperación sea, al mismo tiempo, un placer cultural, un merecido
homenaje a sus depositarios y un tributo a las generaciones presentes y
venideras. Una razón añadida para la incorporación de estos conocimientos
al acervo común es, con frecuencia, su interés científico como antiguos y
válidos registros ambientales, climáticos o etológicos, mientras que en otros
casos constituyen un capital para su revalorización económica, como sucede
con las músicas, bailes, festejos, oficios, artesanías y costumbres, dialectos,
terminología e instrumentos ligados a las tareas agrarias.

EJE 2: VALORACIÓN DEL PATRIMONIO PRESERVADO, COMO BASE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

El conjunto de actividades (multiactividad) que propician la utilización
diversa, sostenible y racional de los distintos recursos patrimoniales, debe
favorecerse institucionalmente para la conservación de las áreas rurales y en
particular para las zonas de montaña.

6.- Agricultura, ganadería y sector forestal

Existe un amplio consenso en destacar la agricultura y ganadería de
montaña (producción de alimentos, mantenimiento y protección de paisajes y ecosistemas), la selvicultura y la vinculación del ser humano a su entorno,
como premisas necesarias para el mantenimiento del equilibrio territorial.
Este reconocimiento técnico, extendido al contexto institucional y social,
concede vigencia renovada a oficios antiguos cuya viabilidad actual requiere,
no obstante, investigación, actualización, organización, flexibilidad y apoyo,
basándose siempre en las buenas prácticas.

Por su rentabilidad y potencial comercial tiene sentido aunar la innovación
tecnológica con la recuperación y revalidación de conocimientos, técnicas,
especies ganaderas y variedades de cultivo localmente eficientes. Pero
igualmente cobra un nuevo interés económico la producción de calidad
(agricultura ecológica e integrada, carne y lácteos de calidad), el cultivo de
especies aromáticas, medicinales y planta autóctona para jardinería y
rehabilitación de espacios degradados, la recuperación de razas autóctonas
y, asimismo, la adaptación, implantación y aprovechamiento de sistemas
agroforestales nuevos y tradicionales.
Para todos los usos citados es importante la gestión ecocompatible de los
subproductos agroganaderos, la modernización y adecuación de la
maquinaria agrícola, y la innovación tecnológica y corrección de impactos
para instalaciones ganaderas, pistas forestales y sistemas de riego.
Todas las actividades agroganaderas en montaña deben realizarse según
criterios de elevada calidad ambiental, y deben recibir apoyo institucional en
función de tres conceptos clave: primero, compensación permanente por
desventajas naturales; segundo, pago directo que retribuya e incentive la
conservación del medio y los servicios ambientales; y tercero, medidas de
tipo temporal para la realización de mejoras estructurales que contribuyan a
reducir las desventajas materiales y a minimizar el impacto ambiental de las
actividades.
En el ámbito forestal, la gestión sostenible de los bosques debe valorizarse a través de certificaciones oficiales de calidad, y complementarse con un mejor aprovechamiento de los numerosos productos forestales infrautilizados, como leñas, hongos, miel, piñas, frutos o resinas.
Complementariamente, es fundamental institucionalizar e implantar
socialmente un auténtico mercado de servicios ambientales que valore y
retribuya los servicios prestados por los propietarios y gestores de los
bosques en aspectos tan prioritarios como el control de la erosión, la
prevención de incendios o la protección de la biodiversidad y de los ciclos
del agua, cuando el manejo del bosque sea el adecuado.

7.- Sector industrial
Por su idoneidad para el medio de montaña, debe incentivarse y
desarrollarse la pequeña industria sostenible relacionada con la artesanía y
la producción de calidad, con énfasis en la revalidación y recuperación de los
oficios y técnicas tradicionales: tallas, forja, cantería, carpintería, cerámicas,
tejidos y otras formas del saber artesano. En el mismo sentido conviene
promocionar de diversas maneras la transformación de alimentos derivados
de los sectores agrícola y ganadero, para la producción de alimentos y
especialidades gastronómicas locales como embutidos, vinos, quesos,
conservas, hierbas, esencias, miel o aceites.
8.- Turismo
En la medida de lo posible, es preciso evitar el dominio y dependencia del
turismo en el contexto del desarrollo rural, y en cambio conviene aprovechar
las ventajas de asociarlo a otros sectores económicos, de modo que el
turismo se apoye en, y a la vez rentabilice, los sectores primario e industrial.
El objetivo es que el turismo y sus servicios asociados sean sólo una parte
de la multiactividad económica en las áreas de montaña, a fin de evitar la
sobrecarga sobre el territorio, y también para asegurar una cierta autonomía
y estabilidad en caso de fluctuaciones en la demanda u otras
eventualidades. En este sentido, también la desestacionalización ayuda a
mantener a lo largo del año las rentas de los habitantes.
En las zonas de montaña es especialmente importante basar la oferta
turística en la calidad y la excelencia del entorno, el patrimonio y los
servicios, como mecanismo para, recíprocamente, adquirir cierto poder de
selección sobre el tipo, cantidad y grado de sensibilidad de los visitantes.

Esto significa un beneficio mutuo para receptores y foráneos, y también
menor presión sobre el medio natural, soporte de la actividad.
Para las comunidades de montaña, resulta ventajoso planificar y desarrollar
racionalmente el turismo, asociándolo, por ejemplo, a las redes europeas de
ecoturismo responsable, que demandan alta calidad ambiental en los
servicios -entorno, alojamiento, calidad del patrimonio cultural y
urbanístico, alimentos, infraestructuras, gestión y equipamientos
urbanísticos-, lo que, a su vez, estimula la multiactividad, redunda
positivamente en la calidad de vida, la autoestima y la sensibilización de la
población receptora y limita la masificación.
Por el contrario, otras variantes turísticas, como son las estaciones de esquí
o la construcción y uso comercial de teleféricos, producen con frecuencia un
alto impacto ambiental. Ello es así si dichas actuaciones conllevan la
apertura e incremento de un desarrollo urbanístico desordenado y otros
efectos que, en definitiva, repercuten negativamente de forma significativa
en el medio natural.
9.- Actividades innovadoras
La necesidad de garantizar la viabilidad económica, pero también ambiental,
de los procesos locales de desarrollo, hace que sea fundamental basarse en
cuidadosos estudios de análisis territorial con el fin de explorar y establecer
posibilidades nuevas para la valorización sostenible de los recursos,
especialmente en el caso de las áreas de montaña más castigadas por la
especulación y la explotación turística, y en el otro extremo, en las zonas
más críticamente marginadas y desfavorecidas. Conviene que estos
estudios incluyan análisis de la estructura y dinámica de la población, así
como de los regímenes de la propiedad y sistemas de transmisión y uso de
la misma, que son determinantes del funcionamiento local.
Corresponde a las instituciones encauzar, coordinar e incentivar las
iniciativas privadas, o bien apoyarlas allí donde ya sean activas y, asimismo,
tomar en consideración y movilizar las diferentes vías de financiación e
incentivación apropiadas para las diferentes fases de su puesta en marcha.
Por motivos de coherencia con las necesidades de conservación, pero
también en función de la tendencia en las preferencias sociales, es muy
apropiado explorar toda la gama de recursos infrautilizados que pueden
asociarse a un turismo de tipo netamente cultural, incluyendo la promoción
de estancias docentes, formativas y de especialización en diversas ciencias,
artes, técnicas o antiguos oficios, así como los campos de trabajo y estudio,
los circuitos y rutas temáticas y paisajísticas, o incluso la valorización de
actividades tradicionales abandonadas (ejemplo: museos de la minería).
Otro ámbito para el desarrollo radica en el soporte logístico y técnico para
las actividades científicas y de investigación aplicada, por ejemplo a través
de la creación de redes de centros de estudio en diversos campos y
programas (biología, hidrogeología, tecnología agraria, energías alternativas,
ahorro de recursos, prevención de riesgos naturales y seguimiento del clima,
etcétera) cuyos resultados y desarrollos pueden exportarse o ponerse al
servicio de otras áreas problemáticas.
Asimismo, la rehabilitación del patrimonio cultural, de espacios degradados y
ecosistemas alterados, la reforestación o la recuperación de especies, e
incluso la integración de grupos sociales minoritarios y desfavorecidos,
constituyen otros tantos campos de acción aptos para la formación de
especialistas y para la creación de empresas de servicios que pueden
radicarse en áreas de montaña o incluso ser imprescindibles en ellas.

10.- Desarrollo urbanístico
Infraestructuras turísticas y segundas residencias suelen estar muy
presentes en la mayor parte de las zonas de montaña. Con objeto de
minimizar su impacto sobre el paisaje, los recursos naturales y en definitiva
la calidad de vida de sus pobladores, es fundamental establecer una
planificación de calidad basada en la autolimitación racional, la ordenación
del suelo y el control de la especulación, junto con la armonización
arquitectónica de las nuevas construcciones con respecto a las tradicionales
y a las características del entorno, evitando el consumo injustificado de
suelo.
Los desarrollos urbanísticos nuevos deben evitar sobrepasar la capacidad
de carga local y llevar aparejados, en caso de que fuera necesario, las
infraestructuras y servicios adecuados utilizando en lo posible el patrimonio
arquitectónico y cultural ya existente.
En el mismo sentido, es de gran importancia procurar una adaptación al
confort moderno sin menoscabo del legado de la arquitectura rural, para lo
que deben establecerse y seguirse patrones o guías arquitectónicos
basados en los elementos propios de cada hábitat rural.
11.- Agua y Energía
La calidad y disponibilidad de las aguas superficiales y freáticas, como
recurso imprescindible para el mantenimiento de las comunidades
biológicas, para las poblaciones de montaña y también para el uso humano
en el llano, debe ser en todo momento una prioridad. Es preciso incluir en
este cómputo las aguas retenidas en zonas de cumbres, glaciares, aguas
kársticas y capital hídrico de suelos forestales.
Es prioritario prestar una atención especial a las alteraciones del recurso ya
desde las zonas de alta montaña, en las que las instalaciones de alojamiento turístico y esquí constituyen un importante potencial de contaminación y detracción.
Asimismo, y por razones ecológicas, paisajísticas, funcionales, económicas y
de seguridad humana, es de la mayor importancia la conservación de los
tramos altos de los ríos y el control de la erosión, evitando infraestructuras,
represamientos y canalizaciones injustificadas.
En cuanto a la energía, las poblaciones montañesas deben poder
beneficiarse de modo preferente de las instalaciones locales de producción
hidroeléctrica. En otro orden de cosas, es apropiado el establecimiento de
políticas de descentralización energética que incentiven la instalación
doméstica y colectiva de energías renovables, así como la incorporación de
criterios de protección del paisaje y los hábitats en todos los proyectos
energéticos para entornos de montaña, garantizando que el paisaje natural
de montaña no se pierda ante la expansión no ordenada de los
aerogeneradores.
EJE 3: CONTRAPRESTACIONES A LA POBLACIÓN LOCAL
El principio de equidad social ante las desventajas naturales que impone la
montaña a sus pobladores, así como el reconocimiento de los beneficios que
el llano y el conjunto de la sociedad obtienen de las montañas, a menudo
como consecuencia de buenas prácticas y también de restricciones de usos
por parte de sus pobladores, deben plasmarse a través de un amplio
abanico de mecanismos de compensación, indemnización, incentivación,
apoyo estructural y promoción, en el entendimiento explícito de la necesidad
de solidaridad social y especialmente del liderazgo, consenso y participación
local en todos los procesos de protección, planificación y gestión de las
zonas de montaña.
12.- Armonización social y Servicios públicos
Es de la mayor importancia garantizar los servicios básicos en condiciones
que deparen bienestar y calidad de vida para los pobladores y al mismo
tiempo contribuyan a la conservación de paisajes y recursos naturales,
asuman el impacto ambiental y mejoren la capacidad de carga local de
acuerdo con las necesidades de acogida de una actividad turística racional y
en equilibrio con el medio.
Este requerimiento implica el apoyo institucional y la coordinación con los
colectivos y autoridades locales para crear o mejorar:
- Servicios de suministro eléctrico, depuración de aguas residuales,
separación y gestión de residuos, y pavimentación de las vías
públicas, de modo acorde con el entorno arquitectónico tradicional.
- Servicios públicos básicos destinados a la asistencia sanitaria,
educación, comunicaciones y nuevas tecnologías, transporte,
entretenimiento y deporte.
- Servicios de apoyo social: guarderías y asistencia a la tercera edad,
incluyendo los necesarios servicios locales de información y
facilitación administrativa.
Especial relevancia merece la orientación y apoyo para la mejora de las
condiciones laborales y para la armonización de la vida en el seno de la
unidad familiar, prestando especial atención a los problemas específicos de
las mujeres, los jóvenes y de la integración de los inmigrantes.
13.- Educación y cultura
Las necesidades locales en materia de información, educación, formación
profesional, sensibilización ambiental y derecho a la cultura, en condiciones
de igualdad con el resto de la sociedad, implican la creación o adecuación
de infraestructuras y programas formativos destinados a las siguientes
materias:
- Profesiones vinculadas a la actividad económica en la montaña
(agricultura, gestión ganadera, gestión forestal, artesanía, elaboración
y comercialización de productos de calidad, hostelería, gestión
turística e idiomas, guías e informadores, monitores de deportes y
educación ambiental, técnicos en patrimonio arquitectónico y artístico,
técnicos en gestión ambiental, técnicos en rehabilitación de áreas
degradadas, etc.)
- Educación ambiental, conocimiento y protección del medio de
montaña y conservación de los recursos.
- Formación destinada a la gestión del desarrollo sostenible en el
ámbito rural.
- Nuevas tecnologías de la información, y especialmente sus
aplicaciones profesionales.
14.- Transporte y comunicaciones
Por razones de equidad social y equilibrio territorial es necesario combatir el
aislamiento de las áreas de montaña, y articular apoyo institucional para:
- Mejorar las redes viarias de acuerdo a las necesidades locales,
favoreciendo la conexión con las redes principales, evitando la
construcción de nuevas pistas y carreteras en áreas de dominio
natural y alta montaña, debido a sus repercusiones adversas para la
conservación de estas zonas de alta fragilidad ambiental y para la
calidad de sus paisajes. Así mismo, adecuación de las
infraestructuras lineales existentes para evitar fragmentación de
hábitat y mortalidad de especies silvestres.
- Mejorar los sistemas de transporte público y promocionar su
utilización por locales y visitantes,
- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y a
las oportunidades que comporta.
15.- Bienestar local
La creación de oportunidades para el desarrollo económico en áreas de
montaña debe realizarse evitando sus efectos adversos para la tranquilidad,
el bienestar e incluso la propia sostenibilidad económica de la vida de sus
habitantes, como sucede allí donde el desarrollo de tipo especulativo
produce encarecimiento de los precios del suelo, la vivienda y el coste de la
vida para la población local.
Igualmente deben evitarse situaciones relacionadas con la estacionalidad,
deficiente gestión y escasa idoneidad del turismo masificado estival o de la
nieve, como es el caso de muchos de los enclaves más promocionados de la
montaña española y numerosas comarcas alpinas europeas, en las que
problemas como la congestión, el tráfico, las dificultades de aparcamiento, la
contaminación, las basuras, el caos urbanístico y el permanente estado de
obras alteran la calidad y el normal desarrollo de la vida diaria para las
comunidades locales.
Asimismo, las instituciones deberían simplificar los trámites administrativos
vinculados a la transmisión de tierras y al ejercicio de la multiactividad, así
como facilitar el asentamiento e integración de familias exógenas
especialmente en áreas despobladas y de población envejecida, evitando la
especulación ligada al suelo, llegando a acuerdos para la utilización de
viviendas desocupadas e incentivando el equilibrio de los sectores
económicos para impedir la excesiva dependencia de los servicios en
detrimento de lo agrario.
16.- Promoción, apoyo, medidas económicas y sensibilización
Un mecanismo bien consensuado de apoyo institucional y social es la
designación oficial y adecuada regulación de etiquetas o marcas de calidad
montaña, aplicables a alimentos, maderas, artesanía u otros productos, y
que cumplen la doble misión de promocionar económicamente estos
territorios y al mismo tiempo realzar la viabilidad de los sistemas de gestión y desarrollo respetuosos con el medio.
Determinadas ayudas directas o cofinanciadas son de interés para promover
actuaciones de conservación de hábitats y especies por parte de propietarios
de explotaciones u otros agentes sociales. También, la canalización de
incentivos económicos en forma de medidas compensatorias, medidas
agroambientales y otros fondos comunitarios favorece el mantenimiento de
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y su compatibilización con
otras diferentes.
Del mismo modo, la asistencia técnica y el apoyo a las iniciativas locales, a
las fórmulas de trabajo cooperativo, a la gestión turística y a la
comercialización de productos constituyen un impulso favorable que debe
ejercerse desde las instituciones con el objetivo de creación y mantenimiento
de empleo, sin olvidar, en aquellos casos en que resulte conveniente, la
incentivación de la contratación de mano de obra local.
Por último, tiene especial relevancia llegar a acuerdos consensuados para
limitar el consumo excesivo del recurso valioso que es el suelo de montaña.
Así, es conveniente desincentivar las operaciones urbanísticas y de
recalificación de suelos como fuente de recaudación para los municipios,
instituyendo a cambio otras vías de soporte financiero ambientalmente
coherentes y con un sólido fundamento ético, como son los pagos directos o
ecotasas indirectas en concepto de retribución por servicios ambientales
prestados al conjunto de la sociedad; por la calidad ambiental de los
productos ofertados, o como compensación por el coste ambiental de la
construcción y del turismo.
El correcto entendimiento de la necesidad de estas medidas y de los
beneficios que de ellas se derivan es fundamental para su aceptación,
asunción y cumplimiento por parte de todos los sectores de la sociedad, y
los beneficios y retribuciones deben ser, por razones obvias, especialmente
generosos y evidentes para los colectivos locales. De ahí la importancia, por
una parte, de actuaciones adecuadas en materia de información y
sensibilización para los diferentes sectores implicados. Y por otra, es preciso
aunar el esfuerzo político, la reflexión pública y la coordinación institucional a
fin de elaborar un nuevo enfoque económico para la conservación de las
montañas, que contabilice y compense sus muchas externalidades positivas,
y logre sacar el máximo partido a todas las vías de financiación disponibles.
17.- Investigación
En lo que concierne a la protección y la gestión de las montañas, la
investigación debe entenderse como una herramienta integradora
fundamental que, en primer lugar, ha de aportar bases para la comprensión
de la complejidad existente en el funcionamiento de los ecosistemas de
montaña, en los ciclos de los recursos y en las históricas interacciones del
ser humano con el medio. En segundo lugar, debe acometer el seguimiento
científico de los procesos actualmente en curso, incluyendo, entre otros, los
efectos de la creciente presión antrópica o del cambio climático en las
montañas. Y en tercer lugar, ha de aportar elementos de juicio para la
corrección de los efectos no deseados y para orientar la adecuada
planificación, a medio y largo plazo, para las políticas económicas,
ambientales y sociales en las regiones de montaña.
Para ello, es imprescindible una planificación de la investigación que incluya
la determinación de los métodos científicos y los descriptores más
adecuados en cada uno de los campos, y en consecuencia un desarrollo
coordinado de las actuaciones planificadas.
También en el desarrollo de la investigación debe otorgarse un papel
participativo a los pobladores de las montañas, y ello por varias razones,
entre ellas: por una parte, el aspecto práctico de las múltiples oportunidades
de formación, cualificación y empleo local, especialmente entre los jóvenes.
Asimismo, por su importancia para la toma de conciencia local en cuanto al
papel fundamental de las montañas para el conjunto de la sociedad. Por
último, los profundos conocimientos del medio que aún detentan los
colectivos más genuina y afectivamente arraigados a las montañas, razón
que otorga un gran peso a su integración y colaboración en todos los
campos -cultura, historia, medio ambiente, gestión de los recursos,
prospectiva y previsión de futuro- de la investigación en las áreas de
montaña.
18.- Una propuesta de coordinación: el observatorio o red de soporte
para las áreas de montaña
La necesaria conjunción de criterios, voluntades y normativas, así como la
coordinación de las competencias políticas destinadas a favorecer la
conservación y el desarrollo equilibrado para el conjunto de los territorios de
montaña, podría promoverse, por ejemplo, mediante la creación de un
Observatorio o Red de ámbito estatal destinado al soporte de las áreas de
montaña, cuyos cometidos y funciones podrían ser los siguientes:
En una primera fase, promover el diálogo conjunto y el debate técnico con
las administraciones territoriales para, a) unificar los criterios generales más
adecuados para la creación de una política homogénea para las montañas
españolas, basada en la conservación de los recursos y en la puesta en
valor de su conservación; b) estudiar y coordinar los instrumentos
normativos y financieros más adecuados; c) fijar estándares de calidad y
umbrales no admisibles de impacto ambiental y social para estrategias,
planes, programas y proyectos, filtrando aquellos proyectos que no debieran
recibir cofinanciación comunitaria; d) incorporar técnicas adaptadas a las
condiciones locales y modelos de eficacia probada en otras regiones de
montaña europeas.
En una fase siguiente, y a partir de dicha coordinación de ideas y principios,
establecer una red territorial de centros de orientación técnica de ámbito
autonómico o comarcal, cuya misión consistiría en favorecer las iniciativas
locales para el desarrollo sostenible y de impulsarlas allá donde falten. Para
ello, cada uno de estos centros tendría que contar en primer lugar con
técnicos especialistas en análisis del territorio, que trabajando
conjuntamente con las autoridades, organizaciones y otros actores locales
consigan los objetivos de:
• Detectar las claves de la organización y dinámica del territorio.
• Identificar y evaluar los recursos existentes
• Conocer las potencialidades y los obstáculos
• Prevenir los riesgos
• Aprovechar las oportunidades

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