Hacia la criminalización de la migración

Millones de inmigrantes en situación irregular se verán afectados tras la decisión del Parlamento Europeo de aprobar la llamada “Directiva del Retorno”.
La norma, aprobada por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones y que entrará en vigencia en el 2010, contempla la detención hasta por 18 meses de inmigrantes irregulares mientras se tramita el retorno a sus países de origen y la prohibición de reingresar a la Unión Europea (UE) por cinco años. También prevé la repatriación de menores de edad no acompañados por sus padres.

La directiva fue duramente criticada por mandatarios latinoamericanos como el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, que la consideraron como “draconiana” y una “vergüenza”. El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con suspender sus exportaciones de petróleo a los países que apliquen la medida.



La cancillería peruana, en un comunicado, lamentó “profundamente” el endurecimiento de las medidas contra los migrantes en situación irregular porque “no se condicen con los principios fundamentales de los derechos humanos”.

Igualmente recordó que la medida contradice la Declaración de la V Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, llevada a cabo en Lima, Perú, del 14 al 17 de mayo, que señala la necesidad de desarrollar “un enfoque comprensivo de la migración internacional, incluyendo la gestión ordenada de flujos migratorios, concentrándonos en los beneficios mutuos para los países de origen y de destino, y promoviendo el reconocimiento y la toma de conciencia pública sobre la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras”.

Los 27 países que conforman la UE acordaron crear antes de enero del 2010 un sistema de registro de entrada y salida de inmigrantes, y normas comunes para los permisos de entrada y estancia de trabajadores altamente calificados.

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